Madrid, 25 mar (EFE).- La demora en el pago del bono alquiler joven, los retrasos con las ayudas reconocidas, los problemas generados por los pisos turísticos ilegales o los casos de "okupación" concentraron las quejas en materia de vivienda que recibió el Defensor del Pueblo en 2024.
La institución subraya los problemas de acceso a una vivienda, especialmente entre los jóvenes, y los altos precios, también de alquiler. Apuesta por aumentar significativamente el parque de vivienda público en alquiler para acercarse a la media europea y aconseja que las viviendas públicas protegidas se destinen al alquiler y tengan una protección permanente.
También ve necesario mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler y, ante el incremento de los precios del alquiler, cree que las Administraciones publicas deberían hacer uso de las herramientas que contiene la Ley de Vivienda.
La institución habla de un notable retraso en la resolución de estas ayudas, de más de un año, que dio lugar a peticiones a las consejerías competentes de Andalucía; Aragón; Canarias; Castilla y León; Galicia; Madrid y Murcia para que notificasen en tiempo y forma sus resoluciones en base a principios de eficacia, economía y celeridad.
Las quejas recibidas también se refirieron a la demora en el pago de ayudas ya reconocidas y la institución detectó retrasos en su abono en Asturias, Andalucía y Madrid, que alegaron la complejidad del procedimiento y el incremento de la carga de trabajo.
El Defensor del Pueblo insiste en que los recursos destinados a ayudas al alquiler para los jóvenes no son suficientes para cubrir las necesidades, tal y como demuestra la cantidad de solicitudes que, cumpliendo los requisitos, quedan fuera de las convocatorias.
Además, señala que los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas deben ser ágiles y transparentes, con un baremo reglado y público para evitar inseguridad jurídica y desconfianza. En esta línea, recibió quejas sobre problemas y fallos con el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.
En 2024, la institución también tramitó expedientes relacionados con los registros públicos de demandantes de vivienda y agrega que no deben constituir una nueva barrera de acceso.
La institución también recibió quejas de personas que denunciaban las molestias sufridas al tener que convivir con pisos turísticos, muchos de ellos que continúan en explotación pese a no tener autorización mientras las administraciones acumulan retrasos en la realización de las inspecciones y en la adopción de las medidas para paralizar la actividad ilegal.
El Defensor del Pueblo dirigió una recomendación a la Comunidad de Madrid para que agilizara las sanciones y evitara que las infracciones prescribiesen.
Respecto a la 'okupación', cree que hay al tiempo que se protege a los vulnerables hay que combatir conductas ilícitas y lograr que los instrumentos procesales más eficaces para que los propietarios puedan recuperar su casa y que es fundamental la eficacia de la justicia y dotarla de medios personales y materiales suficientes.
En cuanto a los desahucios, las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo subieron en 2024 a 102 frente a las 60 de 2023 y detecta que las familias carecen de información sobre los recursos y servicios a los que pueden acudir. Además, critica la escasez de vivienda pública para atender estas situaciones de emergencia social y los tiempos excesivos de las administraciones para adjudicar una vivienda. EFE
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