Barcelona ha cerrado 10.000 pisos turísticos ilegales desde 2016

Corrige el titular de la EC2260 y la fecha del inicio de la regulación en el lead

Madrid, 18 mar (EFE).- Barcelona ha cerrado alrededor de 10.000 pisos turísticos ilegales en los últimos 8 años, desde el inicio de la regulación y control del sector en 2014,  una iniciativa pionera en España que actualmente se está legislando a nivel nacional y que podría correr peligro tras la decisión del Ayuntamiento barcelonés de eliminar todas las licencias en vigor a finales de 2028.

Así lo han explicado este martes los expertos en vivienda y urbanismo que han participado en una jornada sobre la regulación de los pisos turísticos en la Ciudad Condal organizada por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), en la que han repasado la ordenación del sector en la ciudad y la lucha contra los alojamientos turísticos ilegales con la colaboración público-privada.

Estos cierres previstos para 2028 se apoyan en el decreto ley 3/2023 de la Generalitat catalana, que permite dejar sin efecto las licencias actualmente en vigor cuando hayan transcurrido cinco años desde su concesión, si los usuarios no logran obtener nuevas licencias en el marco de los planes de vivienda turística que tendrán que diseñar los ayuntamientos.

Según el abogado especialista en Derecho urbanístico de Garrigues Pablo Molina, se trata de una medida "tremendamente drástica", que no conduce a ningún resultado positivo y constituye "una renuncia de la administración pública" a gestionar este sector y su contribución económica y fiscal, con lo que solo se logrará que vuelvan a surgir alojamientos ilegales.

Las viviendas de uso turístico de Barcelona contribuyen con unos 1.900 millones de euros al PIB de la ciudad y generan más de 40.000 puestos de trabajo, explica un informe de la consultora PwC, que añade que suponen el 38 % del alojamiento turístico de la ciudad y solo el 1,2 % del parque de vivienda local.

Estos alojamientos, añade Molina, están limitados en Barcelona desde hace más de una década y sujetos a un número de licencia y se han mantenido estables en torno a las 10.000, ese 1,2 % del parque residencial de la ciudad.

El informe de PwC desvincula, además, los pisos turísticos con el encarecimiento de la vivienda de alquiler en Barcelona, que se ha disparado en torno al 70 % en estos diez últimos años y que se debe más bien a la escasez de la oferta para satisfacer la elevada demanda.

De hecho, explica que los distritos de la ciudad donde más han subido los precios, como el Eixample o Sant Martí, son precisamente aquellos en los que los pisos turísticos se han mantenido estables o incluso han disminuido.

Según el responsable de Estrategia y Economía de PwC, Jordi Salvador, la prohibición podría suponer la pérdida de una parte de la actividad económica generada en sectores como el comercio, la restauración, el ocio y la cultura y un debilitamiento de la posición internacional de la ciudad, sin resolver el problema de fondo de acceso a la vivienda.

La eliminación de los pisos turísticos reduciría notablemente las plazas de alojamiento en Barcelona, con lo que no se podría cubrir la demanda que generan cada año eventos tan importantes como el Mobile World Congress (MWC), el festival Sonar o la Fórmula Uno, entre otros muchos.

Además, otra consecuencia podría ser que los precios de los hoteles podrían subir durante esos eventos, al no tener la competencia de los pisos turísticos, lo que haría más difícil que los asistentes pudieran afrontarlos, por no hablar del posible traslado de esos eventos a otras grandes ciudades, añaden estos expertos. EFE