La Audiencia Nacional celebrará desde este lunes el juicio contra los seis encausados por la presunta estafa piramidal de Arbistar, que conformaron una trama dirigida por el supuesto líder Santiago Fuentes Jover para defraudar presuntamente 92 millones de euros a más de 6.000 inversores a través de la plataforma de comercialización de criptomonedas Arbistar.
En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía interesa para Fuentes Jover la pena de 29 años y 9 meses de cárcel y una multa de 540.000 euros por los delitos de estafa singularmente agravada en su modalidad de delito masa, organización y dirección de organización criminal y falsificación en documento mercantil cometido por particular.
A esto suma que todos los acusados deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a las perjudicados en las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia, como consecuencia del perjuicio económico derivado de la actividad defraudadora.
El Ministerio Público subraya que los acusados, actuando de común acuerdo y "guiados por un ánimo de ilícito beneficio económico, con perjuicio de terceros (...) urdieron un plan mediante el cual, aparentando la existencia de un denominado arbitraje de criptomonedas, vinieron a crear un esquema piramidal, en el que con el capital obtenido por los nuevos inversores se sostenía la estructura financiera, pero sin efectuar actividad alguna de compra y venta de criptomonedas".
EL FALLO INFORMÁTICO
El relato de hechos explica que en agosto de 2020 varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos, negándose a ello Arbistar. Poco tiempo después, en septiembre, "la empresa decretó el cierre del 'Community Bot' --una herramienta que ofrecía a sus inversores-- a través de un comunicado, alegando un supuesto fallo en el programa informático".
La razón que esgrimió fue que se realizaron de manera automática compraventas y que se habían generado "más intereses de los realmente obtenidos, produciendo así un irreversible descuadre contable".
"Ello obligaba, siempre según el comunicado de Arbistar, a congelar los fondos de los usuarios", de entre los que han podido ser plenamente identificados --estando representados en esta causa, agrupados en 12 acusaciones particulares-- un total de 6.807 perjudicados. "Se consumó así la estafa y la caída de la pirámide", relata la Fiscalía.
El fiscal sostiene que el plan defraudatorio "fue ideado por Fuentes Jover" y consistía en crear un negocio jurídico en apariencia lícito, "prometiendo altas rentabilidades a los clientes e induciéndoles de este modo a realizar una transmisión patrimonial en criptomonedas, con la intención preconcebida de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se había comprometido".
"De manera paulatina diseñó un montaje tendente a materializar un engaño masivo e internacional, con el entramado mercantil Arbistar como carcasa jurídica", explica, para añadir que con posterioridad contactó con otros encausados --Iván Grima y Álex Castro-- para utilizar la empresa de estos, Venus Capital Trade SL.
REVALORIZACIÓN DE HASTA EL 15% MENSUAL
Ya en 2019 contactó con el encausado Diego Felipe Fernández Nojarova y con el procesado, actualmente en rebeldía, Viktor Alexandre Walter Frantz, "cristalizándose el proyecto criminal" en la constitución de la entidad Arbistar el 8 de mayo de 2019, de cuyas participaciones eran titulares por terceras e iguales partes los citados acusados Fuentes Jover, Fernández Nojarova y Walter Frantz.
El Ministerio Público abunda en que la trama sostenía en su "propaganda mendaz" que "mediante ficticias herramientas informáticas" --entre las que destacaba el Community Bot-- podían "enajenar criptomonedas en diversos mercados específicos para tal divisa virtual ('Kraken', 'Binance'), garantizándoles una revalorización de sus ahorros de entre un 8 por ciento y un 15 por ciento mensual".
"También ofrecían otros incentivos con el doble objetivo de mantener a los clientes y al propio tiempo conseguir la llegada de nuevos inversores, como el llamado 'Plan Amigo', en el que todos aquellos clientes que aportasen algún cliente nuevo reciban supuestamente una compensación en criptomonedas", explica.
El Ministerio Público explica que "la realidad" es que la trama "lejos de invertir en los 'exchanges' utilizaron una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses prometidos". Esto, indica, generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión "era segura y muy rentable".
"Este esquema no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores", añade.
El juicio contra esta trama se celebra en la sede de la Audiencia Nacional ubicada en San Fernando de Henares (Madrid), y se han programado 14 días de sesiones por lo que se prevé que quede visto para sentencia el 11 de abril.
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