La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' continúa su actividad este jueves con la tercera comparecencia en este foro del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El ministro encara este jueves su tercer interrogatorio en los últimos tres meses. Está llamado por la mayoría absoluta del PP, que le acusa de haber mentido en las dos ocasiones previas sobre su relación con Koldo García y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.
Torres reafirmó en esas dos comparecencias que no tiene relación con Aldama y negó haberle pedido 50.000 euros o haber tenido contactos con "señoritas", además de retar al PP a probar sus acusaciones, asegurando que dimitiría si se demuestra lo contrario.
El ministro previsiblemente presentará en esta comisión de investigación las pruebas que ya mostró en una rueda de prensa tras las últimas acusaciones de Aldama. En concreto, Torres aportó certificados de vuelo de los días en los que el presunto conseguidor de la trama aseguró que se encontraba en los pisos de Atocha.
UNA COMISIÓN CENTRADA EN LA TRAMA CANARIA
Y es que el ministro será interrogado justo el día después de que hayan desfilado por esta comisión del Senado dos comparecientes relacionados con la 'trama canaria' que está investigando este foro.
En concreto, el exviceconsejero de Presidencia de Canarias y actual jefe de gabinete del ministro Torres, Antonio José Olivera, ha comparecido este miércoles y ha asegurado que la empresa vinculada a la 'trama Koldo' contaba con el "aval" del Ministerio de José Luis Ábalos porque ya habían trabajado con ella otras empresas públicas de este departamento, como Puertos del Estado, aunque ha precisado que quién se puso en contacto con él fue el administrador único de la empresa, Íñigo Rotaeche.
Olivera ha dicho que no recuerda y no le consta que Rotaeche le dijera que le llamaba de parte del exasesor ministerial Koldo García, aunque sí que conocía que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama, había trabajado ya con empresas del Ministerio que dirigía en aquel momento José Luis Ábalos.
En la mañana de este miércoles ha comparecido el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, que ha confirmado el "perjuicio económico" del contrato del Servicio Canario de Salud con la empresa RR7 durante la pandemia para la adquisición de un millón de mascarillas por 4 millones de euros y que nunca fueron entregadas, aunque ha negado "injerencias" o "presiones" del Gobierno de Canarias a la hora de realizar sus informes de fiscalización.
"El perjuicio está claro, toda vez que se pagaron 4 millones de euros y no se sirvió nada en el contrato", ha proclamado el presidente del órgano fiscalizador de Canarias, que ha explicado que en su informe se detectaron "indicios de responsabilidad contable".
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