Sevilla, 5 mar (EFE).- La reciente designación del nuevo abogado de Juan Lanzas, exsindicalista considerado 'conseguidor' de los ERE, ha obligado a suspender este miércoles en la Audiencia de Sevilla un nuevo juicio por una pieza separada de esta macrocausa, en concreto por las ayudas de 1,5 millones de euros concedidas a Río Grande, empresa dedicada a la explotación de restaurantes y bares.
Antes del inicio de la vista oral por este caso, principalmente por delitos de prevaricación en concurso medial con malversación y por el que fueron procesadas nueve personas, el letrado de Lanzas ha pedido al tribunal la suspensión al alegar que fue designado hace pocos días y no ha tenido tiempo suficiente para preparar debidamente su defensa.
Tras escuchar a las partes personadas, entre ellas la Fiscalía que no se ha opuesto a la suspensión, el tribunal de la Sección Primera ha acogido, ante la "premura" en el nombramiento del nuevo letrado, la solicitud del abogado de Lanzas para garantizar el derecho de defensa y al "no apreciar deslealtad" por su parte.
No obstante, el tribunal ha llegado a reconocer que existe un "panorama oscuro" para celebrar próximamente el juicio, dado que "desgraciadamente" cuenta con una carga de trabajo que no permitirá señalarlo en "fechas inmediatas".
"Estamos absolutamente cogidos en fechas", ha sentenciado el presidente del tribunal, quien ha indicado al letrado de Lanzas que tendrá por tanto tiempo "más que suficiente" para estudiar la causa.
A raíz de la petición del letrado de Lanzas, la Fiscalía no se ha opuesto a su solicitud al considerar que, de celebrarse el juicio, se podría incurrir en una futura causa de nulidad, mientras que la acusación que ejerce la Junta de Andalucía ha sostenido que no existía causa legal para tal suspensión porque el nuevo letrado ya consta como designado.
La mayoría de las defensas se han adherido a las pretensiones de Lanzas, a excepción de la de la acusada Carmen Fontela, considerada la primera "intrusa" detectada en los ERE fraudulentos, cuya abogada ha sostenido que no concurrían los requisitos para la suspensión y que su representada tiene ya 80 años y lleva muchos esperando el juicio.
La Fiscalía, según recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE y que reclama provisionalmente penas de prisión de hasta siete años para los acusados, explica que la administradora única de Río Grande era "sabedora" de que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y "al margen de procedimientos legalmente establecidos", podía otorgarle fondos públicos para obtener "liquidez inmediata" en su empresa.
EFE
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