Alquiler Seguro pide revisar el padrón y acceso a ayudas públicas para frenar la okupación

Madrid, 5 mar (EFECOM).- Alquiler Seguro ha presentado una decena de propuestas para luchar contra la "okupación" ilegal de viviendas que abarcan la revisión del padrón municipal y la limitación del acceso a ayudas públicas, un registro de sentencias firmes de impago o desalojar a en un plazo máximo de 48 a 72 horas.

En concreto, la compañía de servicios de gestión del alquiler propone que se revisen los criterios de empadronamiento de manera que la inscripción en el padrón municipal no pueda generar derechos sobre la vivienda ocupada ilegalmente.

Con ello, entiende que las administraciones tendrán mecanismos de revisión y actuación inmediata para evitar que los "okupas" puedan beneficiarse de los derechos derivados de esa situación y plantea anular la inscripción en el padrón municipal de quienes ocupen una vivienda ilegalmente, impidiéndoles acceder a ayudas públicas o revocándolas si ya las reciben.

Asimismo, piden un registro de sentencias firmes de impago de rentas de alquiler para que los propietarios puedan conocer si un potencial inquilino ha acumulado impagos en contratos previos, aportando mayor transparencia al mercado.

Además, creen necesaria la creación de un censo de alquileres registrados que facilite a las administraciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la identificación de inquilinos legítimos y ocupantes ilegales.

Alquiler Seguro propone también que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desalojar ocupaciones en un plazo máximo de 48 a 72 horas a fin de que los propietarios recuperen su vivienda de forma inmediata. Si los ocupantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, la Administración debe asumir la responsabilidad de su realojamiento.

Quieren también que se equipare el tratamiento de los delitos de allanamiento y la usurpación y que las fuerzas de seguridad puedan actuar en un plazo de 48 a 72 horas para desalojar a los ocupantes ilegales con independencia de si es la vivienda habitual del propietario o no.

Para los procedimientos judiciales de desahucio piden una regulación procesal específica sobre esta materia y que se resuelvan en un plazo mínimo de un mes, reduciendo la incertidumbre y el impacto económico sobre los propietarios.

Entre el paquete de medidas proponen la creación de un registro administrativo de empresas que medien en la desocupación de inmuebles ocupados ilegalmente y prolongar los plazos de desclasificación de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para evitar la especulación y garantizar el acceso a vivienda protegida.

También reclaman que se promueva un marco jurídico claro, seguro y estable que garantice seguridad jurídica y protección tanto a arrendadores como a arrendatarios y una reforma legislativa integral que elimine la inseguridad jurídica y agilice los procedimientos en torno al alquiler y la ocupación ilegal. EFECOM