Madrid, 20 feb (EFE).- La asociación que agrupa a los centros de bachillerato concertado de toda España ha advertido de que es "inasumible" hacer frente a las nuevas tasas de basura que obliga la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular que entra en vigor completamente en todos los municipios a partir del 9 de abril.
La ley, que se deriva de una directiva europea, obliga a todos los ayuntamientos a repercutir en los vecinos y comercios el coste de los gastos de la recogida, transporte y tratamiento de residuos, y va ligada al valor catastral del inmueble y a la cantidad de desperdicios que genera cada distrito o barrio de la ciudad.
La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza critica en un comunicado que algunos ayuntamientos omitan bonificaciones como las que tenían antes las entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser los colegios concertados y alerta de que un centro educativo podría pagar cerca de 30.000 euros anuales, "una cantidad que puede ser inasumible".
La nueva regulación tiene en cuenta los metros cuadrados del inmueble que genera los residuos y los centros de bachillerato concertado critican que "que la mayoría se genera en una proporción muy pequeña de su superficie, que es el comedor".
Aesece incide que el comedor escolar es un "bien social" y "muchas familias lo necesitan" y pide a los gobiernos locales que mantengan o extiendan la bonificación de este impuesto para colegios o entidades sin ánimo de lucro.
Los ayuntamientos están aprobando la nueva regulación, y en el caso de Madrid los colegios de Escuelas Católicas han anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra las distintas ordenanzas que resulten lesivas y, muy especialmente dado su impacto, contra la del Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha señalado recientemente que "no hay ningún elemento en la tasa que nos permita eximir del pago a este tipo de equipamientos, a este tipo de infraestructuras educativas y por tanto, no tenemos la capacidad legal".
La nueva tasa está vinculada a una directiva europea que impone que los estados de la UE deben establecer sistemas de pago por generación y proporcionar incentivos a la separación en origen.
No obstante, si se pueden establecer bonificaciones para las familias numerosas que vivan de alquiler o tengan el título expedido por otra comunidad autónoma y para los propietarios de viviendas o locales sin actividad.EFE
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