Madrid, 14 feb (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido este viernes contra las comunidades del PP por hacer oposición con la salud mental "boicoteando" el plan que implicaba un aumento de profesionales o la reducción del consumo excesivo de psicofármacos en el país que más uso hace del mundo.
"Creo que, la próxima vez que traigamos este plan, esperemos que las comunidades del Partido Popular antepongan el trabajo de sus propios técnicos y la necesidad de tener un plan estructurado y homologable de salud mental a sus ganas de boicotear", ha censurado en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial.
El plan no era solo del Ministerio, estaba consensuado tras "largos meses" de trabajo con todos los equipos técnicos autonómicos, 32 sociedades científicas y asociaciones de pacientes, pero ahora tendrá que volver a los comités consultivos para volver a pasar por otro Interterritorial.
"Después de este bloqueo de las comunidades del PP, vamos a seguir trabajando, dialogando e intentando tener el máximo respaldo posible", ha enfatizado la ministra, después de acusarlas de confundir el Interterritorial con el Parlamento para hacer "oposición".
Porque lo que han hecho al final es votar en contra de "un aumento de profesionales en salud mental, de la reducción del consumo excesivo de psicofármacos" en el país que más consume del mundo, de la "creación de la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia, de mejorar el acceso a la psicoterapia y de hacer un plan específico de atención a la salud mental de los profesionales sanitarios".
La "excusa" en este caso han sido las críticas de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) plasmadas en una carta dirigida a la comisionada de Salud Mental, Belén González.
En su misiva, a la que ha tenido acceso EFE, la Sepsm lamenta que el documento final, que no les fue remitido, no recoge ningún incremento de profesionales como se les garantizó, sino todo lo contrario, supone un decremento del 10 % de profesionales.
Algo que ha negado tajantemente García: "el plan lo que habla es obviamente de aumentar la plantilla, lo que pone es unos mínimos a partir de los que tenemos que aumentar", ha subrayado. "El que haya querido tergiversar el documento para decir que es un plan que aprueba una reducción de plazas obviamente o no se lo ha leído bien o tiene mala fe".
Los psiquiatras también se quejan de que, aunque introduce “el uso racional de psicofármacos”, mantiene el de “desprescripción”, con el “consiguiente estigma y perjuicio para las personas que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo”.
Respecto a ello, García ha aclarado que desprescripción simplemente implica poner el foco en los pacientes que ya no necesitan un psicofármaco y que hay que ir retirándoselo, pero que sin embargo "se les quedan ya ahí" prescritos sin que nadie los revise.
"Somos el país que mayor consumo tiene de ansiolíticos antidepresivos y psicofármacos y tenemos que hacer no solamente un uso racional, sino ver si estamos prescribiendo por encima de las patologías que hay", ha añadido.
Además, esto "pasa con todos los fármacos", también con los antibióticos. "Es la vida cotidiana de cualquier médico de atención primaria. Se ponen fármacos y se quitan".
Otra de las medidas que no ha gustado, pero en este caso a los psicólogos, es que incorpora el diploma de Psicoterapia.
Pero el documento nada dice de ningún "diploma", lo que hace es señalar que se va a "reforzar, formar y acceder a la Psicoterapia" y eso ya se le ha aclarado al Colegio de Psicología, que mantiene su apoyo al plan. EFE

