Afectados por la dana se querellan contra miembros del Ejecutivo valenciano y del CHJ

(Actualiza la NA3136 con más información y declaraciones)

València, 29 ene (EFE).- Más de un centenar de afectados por la dana del pasado 29 de octubre han presentado una querella contra cinco miembros del Gobierno valenciano y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, mientras que para el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha solicitado la declaración testifical.

Se han querellado por los presuntos delitos de homicidio imprudente, delitos de lesiones imprudentes, daños imprudentes (morales), prevaricación omisiva y delito de omisión del deber del socorro debido a la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos, según ha anunciado este miércoles la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia.

La querella, de más de 70 páginas y 37 documentos, y que incluye una investigación cronológica de los hechos, en los que fallecieron 224 personas y hay aún tres desaparecidas, se ha presentado este miércoles en los juzgados de instrucción de Valencia por el equipo jurídico de Vilches Abogados, que ejerce la defensa de los afectados.

Además de Polo, los afectados se han querellado contra Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y máxima responsable de Emergencias durante la dana; Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias; Alberto Javier Martín, director general de Emergencias; Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE); e Inmaculada Piles, jefa del servicio de emergencias.

La querella no incluye al president de la Generalitat, Carlos Mazón, para el que se ha solicitado la declaración testifical, ya que al estar aforado no puede ser investigado en el procedimiento penal que se está presentando, según ha explicado el CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández.

Ha añadido que durante la marcha de la instrucción probablemente solicitarán también la testifical de los alcaldes de los pueblos afectados. Además, se han realizado oficios al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la Aemet y la CHJ "ya que hay documentos para poder determinar cómo sucedieron los hechos".

Según Hernández, el objetivo de la querella criminal, la mayor presentada hasta la fecha, es que se abra una investigación que permita "conocer de manera exhaustiva los hechos sucedidos tanto previos al día 29 de octubre como los posteriores".

Además de la reclamación de una sanción punitiva penal, la querella lleva aparejada una responsabilidad civil de las personas físicas contra las que se ha dirigido y que los demandantes entienden "que van a ser sancionadas económicamente", ha indicado el abogado.

Asimismo, se está trabajando en una demanda de responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas que debe ser presentada antes del 29 de octubre de 2025, ya que hay un plazo de un año para hacerlo.

En cuanto a la gravedad de los delitos, el de homicidio imprudente tiene una pena de hasta cuatro años de prisión, el de lesiones de tres años, la prevaricación llevaría implícita la inhabilitación y la omisión del delito de socorro, una multa.

El documento de la querella, que recoge que de haberse activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno "no se habría producido la magnitud" que tuvo la tragedia, hace un "recorrido individual sobre las funciones y obligaciones que los querellados tenían, y sobre las decisiones que no tomaron".

Según los abogados, la información aportada "demostraría que a las 15:00 horas, los querellados contaban con datos suficientes para haber activado el sistema ES-Alert y, por causas que se desconocen y que no han explicado a la población, esa alerta se envía a las 20:11 horas, cuando ya el caudal del barranco del Poyo y el río Magro estaba completamente desbordado y habían llegado las riadas a las poblaciones".

Por su parte, Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados dana Hora Sud Valencia, que en la actualidad tiene 340 personas asociadas, ha asegurado que se han sentido "desamparados por las administraciones que no acudieron a auxiliar a los afectados, así como tampoco se avisó con tiempo por parte del sistema de emergencia".

"Los desbordamientos del río Magro y del barranco del Poyo no fueron suficientes para activar el aviso ES-Alert. Por lo tanto, la falta de previsión, unido a la inacción y a la actuación tardía final, hicieron que la población de estos municipios siguiéramos haciendo vida normal sin ser conscientes de la situación que estaba a punto de sobrevenir", ha señalado.

A su juicio, "esto no puede quedar impune, no podemos dejar que los responsables de esta gestión no respondan ante la justicia", y ha indicado que al tener la "sensación de que el poder legislativo no ha respondido ante la población", van a "pedir ayuda al poder judicial" para que les ayude "a investigar y averiguar quien ha sido el responsable de esta gestión nefasta que tanto daño ha hecho". EFE

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