El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha aplazado finalmente a los días 25 y 26 de febrero las comparecencias que tenía previstas para este martes y miércoles, en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al "entramado empresarial" del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco.
En un auto emitido el pasado 23 de diciembre y recogido por Europa Press, el juez citaba para las 10,00 horas de este mismo martes a Rafael Velasco en calidad de investigado, jornada para la que también convocaba en la misma condición a Antonia M.L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; Rafaela M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados; y Pedro V.S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente en tales cursos.
CITACIONES AL DÍA SIGUIENTE
Para el día siguiente, el miércoles, el juez había citado como investigado a las 10,00 horas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado por prevaricación y malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los ERE y las ayudas arbitrarias y sin publicidad, hasta admitir parcialmente el Constitucional su recurso de amparo, anular dicha condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia respecto a él.
También estaban citados el miércoles como investigados los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación; si bien todas estas comparecencias de este martes y el miércoles han sido finalmente aplazadas a los días 25 y 26 de febrero, respectivamente, según han informado fuentes del caso.
Alonso S.F., según la investigación, "sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo".
Por ejemplo, se le atribuye haber emitido un "certificado" sobre la homologación de Aulacen 5 en abril de 2005, una "certificación que se reputa mendaz dada la fecha de constitución de la sociedad el 12 de diciembre de 2005 y que la solicitud de la subvención se formuló el 15 de diciembre de 2005".
Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5", vinculada a Rafael Velasco.
JUSTIFICACIÓN "IRREGULAR" DE AYUDAS
Así, la citada entidad "habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular", en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.
"Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención", considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.
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