
Los dos policías que fueron heridos durante los altercados producidos en el marco de manifestaciones convocadas por 'Tsunami Democratic' en 2019 han solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que tenga en cuenta un nuevo informe policial elaborado en el marco del 'caso Voloh' --en la pieza de la posible injerencia rusa en el 'procés'-- .
En un escrito elaborado por la representación legal de los agentes, al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados del bufete Fuster-Fabra Abogados señalan que su objetivo es informar al Juzgado Central de Instrucción número 6 --que llevó la instrucción de este asunto ya archivado por la AN en septiembre de 2024 por un problema de plazos procesales-- de la existencia "de documentos que contienen información relevante para el esclarecimiento de los hechos".
"Se desprende que de los actos de terrorismo pudieron tener intervención pontencias extranjeras las cuales estarían incardinadas en una posible investigación por terrorismo, en la modalidad urbana, como traición según el contenido del citado informe", explica, a la par que solicitan que "se incorpore al procedimiento al tratarse de un hecho nuevo que se entiende trascendente a los efectos del presente procedimiento".
El escrito aporta una serie de noticias de prensa que fueron publicadas en julio de 2024 después de que trascendiera el informe policial, así como el documento íntegro elaborado por la Comisaría General de Información en el marco de la denominada 'Operación Troya' y relativo a la posible injerencia rusa.
El mismo concluía que existió "una estructura organizacional dirigida a lograr la independencia por la vía unilateral de Cataluña al margen del marco constitucional vigente, contando con el reconocimiento y apoyo de la Federación de Rusia, siguiendo la estela de los procesos coetáneos de anexión y/o independencia de Crimea, Montenegro o Georgia".
Añadía que para lograr la independencia y "bajo las órdenes de Carles Puigdemont --exopresidente catalán--, la estructura diseñó su propia estrategia, en la que se introducía un elemento novedoso, a la par que subversivo, que consistía en contar con la ayuda económica y política de la Federación de Rusia a cambio del establecimiento de un sistema monetario basado en las criptomonedas y el desarrollo de una legislación ad hoc".
Apunta, además, que esa estrategia nació "en una suerte de cumbre ruso-catalana presidida por Puigdemont, la víspera de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), y plasmada en varias evidencias intervenidas a los directores de la estructura en sus diferentes etapas". Y que fructificó en sendos proyectos conjuntos en los que se integraron los investigados y una serie de individuos relacionados con la administración y los servicios de inteligencia de la Federación de Rusia".
EL ARCHIVO DE LA CAUSA EN BARCELONA
Cabe recordar que el pasado mes de diciembre la Audiencia de Barcelona archivó la causa abierta sobre esa presunta trama rusa del procés advirtiendo al juez instructor de que incurriría en "un fraude de ley" de no hacerlo.
En esa pieza separada, el juez titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, mantenía como investigados al expresidente Artur Mas; al jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; al exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas y al abogado de Pugdemont Carlos Boye, entre otros.
Pero ahora, la representación legal de los dos policías heridos en los disturbios de 2019 señalan que visto el informe policial aportado "se puede vislumbrar que ha podido existir una conexión entre los hechos ocurridos en la Plaza Urquinaona y la injerencia de una potencia extranjera que supondrían la calificación de los hechos como un posible delito de traición y un posible delito de terrorismo en su modalidad urbana".
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