Madrid, 23 dic (EFE).- El Gobierno ha aprobado en su reunión de este lunes la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2024-2030, que define políticas que buscan un “cambio estructural” que permita superar situaciones de vulnerabilidad y “atajar de raíz las causas del problema”, ha asegurado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
El Gobierno busca así que los datos de la macroeconomía "se reflejen en cada hogar de nuestro país, donde todavía hay muchas personas y familias en una situación de exclusión intolerable”, ha señalado el ministro.
La estrategia es el resultado de la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y el Ministerio de Juventud e Infancia y presta especial atención a las personas más vulnerables, en situación de pobreza o exclusión social, ha subrayado el Gobierno por medio de un comunicado.
Estructurada en cuatro ejes, la estrategia recoge acciones para asegurar recursos para las personas en situación o riesgo de pobreza, reforzar la protección social y coordinar la acción entre administraciones.
Los ejes principales son:
1.- Garantizar recursos para la ciudadanía: lo componen políticas que buscan asegurar unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y las prestaciones sociales y en favorecer el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad.
Así, se apoyará el alquiler para personas y familias vulnerables, se prevendrán los desahucios, se ampliarán las herramientas contra la pobreza energética y se abordarán medidas para erradicar el sinhogarismo.
Además, se revisará el IPREM para mantener su “intensidad protectora” y se fortalecerán las rentas del trabajo.
2.- Inversión social para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades a través de la creación de nuevas plazas en educación infantil y de asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las familias objetivo.
También buscará prevenir y reducir el abandono escolar y se fomentará la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y medidas contra la discriminación laboral.
3.- Refuerzo del Estado de bienestar y la protección social: se trabajará por construir una red de protección que garantice los derechos sociales y facilite la conciliación, especialmente para las familias que sufren precariedad, para lo que se asegurarán comidas saludables en los comedores escolares y un apoyo especial a las familias en situación de pobreza con personas con discapacidad.
4.- Desarrollo de alianzas y trabajo en red para mejorar la gestión y la coordinación de las políticas y alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura.
Para ello, se impulsará la cooperación territorial a todos los niveles y fomentará la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de las iniciativas.
Estas líneas estratégicas se desarrollarán a través de planes operativos anuales en los que se concretarán las acciones, se consignará la dotación presupuestaria correspondiente y se hará un seguimiento de la evolución para asegurar la eficacia de las acciones. EFE
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