Los pisos turísticos de Barcelona reclaman a la Generalitat 4.280 millones de euros

Barcelona, 17 dic (EFE).- El sector de los pisos turísticos de Barcelona reclama a la Generalitat más de 4.280 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por las consecuencias que supondrá la aplicación del decreto que regula las viviendas de uso turístico, cifra que podría llegar a los 7.00 millones en toda Cataluña.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya explicó que, en base a este decreto, Barcelona no renovará las licencias de la ciudad, donde hay unos 10.000 pisos turísticos.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha afirmado que estas reclamaciones corresponden a 7.200 pisos turísticos básicamente situados en la ciudad de Barcelona, pero también otros municipios del Maresme o en Sitges.

Alcántara ha asegurado que el decreto acabará con los 100.000 apartamentos turísticos que hay en Cataluña porque deja en manos de los ayuntamientos la decisión de hacer una nueva normativa para dar licencias, que no tienen por qué recaer en los propietarios actuales.

La reclamación se basa en que el decreto ley permite "expropiar" un derecho adquirido y "toda expropiación tiene que conllevar una indemnización", ha asegurado Alcántara, que ha añadido que además de lo que dejas de ganar, los propietarios han hecho inversiones y tendrán que indemnizar a los trabajadores que tengan que despedir.

Según Alcántara, la reclamación se ha presentado ante la consellería de Territorio de la Generalitat, que tendrá seis meses para dar una respuesta y, de no recibirla, los propietarios presentarán la reclamación por la vía contencioso administrativa.

Ha recordado que el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso de inconstitucionalidad y que la Comisión Europea ha abierto un expediente por vulneración de la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación de esta normativa.

Desde Apartur se ha advertido que el decreto ley 3/2023 de la Generalitat rompe la regulación pionera en el sector establecida en Barcelona y recuerda que los apartamentos turísticos legales representan solo el 1 % del parque total de vivienda de la ciudad y que su eliminación "no garantiza que pasen al mercado residencial".

Alcántara ha puesto en valor el sector diciendo que los pisos turísticos de Barcelona aportan directamente 160 millones en impuestos a la administración pública.

Asimismo, la actividad genera unos 345 millones de euros de impacto directo, mientras que el impacto indirecto llega a los 1.200 millones, de los que se benefician básicamente el comercio y la restauración.

Además, ha asegurado que con la desaparición de estos establecimientos se eliminarían el 40 % de las plazas turísticas de Barcelona y destruirían 5.000 puestos de trabajo, con lo que considera que la ciudad no podrá seguir organizando grandes ferias y congresos.

La idea de que el turismo crea el problema de la vivienda es "una falacia" según Alcántara y nadie garantiza que esos pisos vayan a volver al mercado, mientras cree que solo sirve para "camuflar" la falta de propuestas en materia de vivienda.

Apartur ha propuesto que toda la recaudación de la parte municipal de la tasa turística, que en Barcelona asciende a unos 100 millones de euros al año, vaya íntegra a políticas de viviendas.

Por todo ello, la asociación ha pedido a la Generalitat que revise el decreto ley para evitar que se destruya un "sector regulado y pionero", que ha sido modelo para muchos países. EFE