Girona, 13 nov. (EFE).- La Audiencia de Girona ha impuesto una penas de 30 años y 7 meses de prisión para un cabo y dos agentes de los Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners (Girona), además de multas por 46.072 euros, por traficar con marihuana previamente incautada y que se guardaba en la comisaría local.
En concreto, la Audiencia condena a 10 años y 9 meses de prisión al cabo de los Mossos d'Esquadra Salva Muntané, que era el principal responsable de un entramado de tráfico de marihuana incautada del que formaban parte los otros dos agentes.
A esos otros dos policías, Óscar Hernández y Joan Francesc Pozo 'Kiku', les impone 9 años y 9 meses y 10 años y 1 mes de cárcel, respectivamente.
La sentencia castiga al cabo con 4 años y 3 meses por un delito contra la salud pública agravado por su cargo, 2 años y 6 meses por hurto, 6 meses por pertenencia a grupo criminal y 3 años y 6 meses por falsedad en documento oficial.
Además, le multa con 14.245 euros y le inhabilita para ejercer como policía tanto del cuerpo de Mossos d'Esquadra como de cualquier otro durante el tiempo de condena.
A Óscar Hernández se le imponen 4 años de cárcel por delito contra la salud pública, 3 meses y medio por pertenencia a grupo criminal, 2 años y medio por hurto y 3 años por falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, así como la misma multa que a Salva Muntané y se le inhabilita igualmente como policía.
El tercer agente, Joan Francesc Pozo, ha sido condenado a 4 años y 3 meses de prisión y una multa de 17.582 euros por delito contra la salud pública, 3 meses por pertenencia a grupo criminal, 2 años por hurto y 3 años y 7 meses por descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público.
Del mismo modo, se le inhabilita para ejercer en el ámbito policial durante todo ese tiempo.
En cuanto al matrimonio formado por Albert Borrell 'Pitu', un traficante local, y Margarita V., ambos acusados de formar parte del entramado, al primero se le imponen 2 años y 3 meses de cárcel por delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal y a ella se la absuelve de todas las acusaciones.
Los agentes se declararon inocentes durante el juicio de unas acusaciones respaldadas con imágenes y audios captados en el vehículo no logotipado que utilizaban y a través de las cámaras de la comisaría, que registraron a uno de ellos con bolsas de droga.
La mayoría de grabaciones que se reprodujeron durante la vista eran conversaciones entre Kiku y Pitu, en la que también aparecían compradores de la marihuana.
Por lo que respecta a las imágenes, se grabó a Salva Muntané cuando sacaba cinco bolsas de marihuana del contenedor donde estaba depositada la incautada y en el que acababan de introducir droga acabada de requisar.
Posteriormente, la Dirección de Asuntos Internos le siguió y vio que las llevaba a casa de Kiku, aunque el cabo lo negó durante el juicio y el agente aseguró que las tenía en su domicilio para consumo propio con el objetivo de paliar un fuerte dolor de espalda.
La sentencia desestima la petición de las defensas de nulidad de escuchas y registros por haber tomado declaración como testigo al delator del caso al entender que debió hacerse en calidad de investigado por haber admitido que traficaba con droga.
El argumento para el fallo es que ese individuo tenía "una doble calidad, de testigo e imputado" y se reconoce una irregularidad al no habérsele informado de la segunda, pero sin que conlleve la nulidad solicitada por los letrados de los procesados.
Los investigadores que declararon en el juicio relataron el funcionamiento habitual tras un decomiso de marihuana, consistente en embolsarla para su destrucción, práctica quebrantada por esta organización, que sustraía una parte para su venta en el mercado ilícito con la ayuda del pequeño traficante local condenado.
Todo el caso, según recoge la sentencia, tiene su génesis en unas diligencia que se remontan al 28 de febrero de 2020. EFE
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