La AF urge la dimisión de García Ortiz ante "una situación que pone en entredicho la imparcialidad de la institución"

La Asociación de Fiscales reitera su demanda de dimisión de Álvaro García Ortiz por su imputación, resaltando el impacto negativo sobre la imparcialidad y eficiencia del Ministerio Público en España

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La Asociación de Fiscales (AF) considera inaplazable la dimisión del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, ante su imputación por el Tribunal Supremo por un presunto delito de relevación de secretos, tras la filtración contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una situación que, a su juicio, "pone en entredicho la imparcialidad de la institución".

Aunque la AF ya se pronunció en estos términos hace un mes y ha requerido la dimisión de García Ortiz a través de distintos escritos dirigidos al investigado, la asociación, mayoritaria en el cuerpo de fiscales, ha vuelto este martes a reiterar su petición con motivo del Congreso de Delegados que esta tarde se celebra en Valladolid con participación de cerca de sesenta fiscales.

Su máxima responsable, Cristina Dexeus, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha lamentado el nulo efecto de las recomendaciones realizadas al aludido, "lo que está provocando un desgaste innecesario del Ministerio Público, y, ante ello, reconoce la imposibilidad de lograr su dimisión vía externa, ya que, como así ha recordado, "estatutariamente no hay una solución prevista".

La a su vez fiscal en Barcelona entiende que ante una "situación inimaginable", como es que un fiscal general del Estado pueda estar imputado en una causa por la presunta comisión de un delito en el ejercicio de las funciones de su cargo, existen argumentos jurídicos de peso para insistir en la necesidad de que Álvaro García Ortiz "dé un paso atrás" porque jurídicamente su investigación "pone en entredicho la imagen de imparcialidad de la institución y de los fiscales".

MIEDO A REPRESALIAS

En este último sentido, Dexeus pregunta cómo es posible manifestar que los fiscales son imparciales cuando quien está siendo investigado, a quien se tiene que tomar declaración o de quien se tiene que solicitar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones es su jefe superior jerárquico máximo, "aquel que pude remover en su cargo a una persona, renovarle, darle una plaza de libre disposición, sancionarle..."

Pero además, la presidenta de la AF ha calificado de cuando menos "comprometedor" el hecho de que el propio investigado siga hoy utilizando medios o recursos tales como Info Fiscalía, juntas y reuniones para dar su explicación en clave de defensa, y todo ello en un contexto que, como así denuncia, está provocando "división" y miedo entre los fiscales a la hora de pronunciarse al respecto.

"Más allá de si prosperará o no la causa, lo cierto es que es una anomalía, una excepcionalidad y una situación de crisis institucional que quien es el máximo responsable de la carrera fiscal esté investigado por el Tribunal Supremo", insiste Dexeus.

NECESIDADES

Además de la presente polémica generada por el caso de Álvaro García Ortiz, la Asociación de Fiscales--cuenta con unos 650 asociados--aprovechará el congreso que se inicia esta tarde en Valladolid para abordar las necesidades con que cuentan los acusadores públicos, entre ellas un nuevo Estatuto Orgánico que regule situaciones como la citada, así como otras herramientas que les libere de las injerencias políticas, un nuevo sistema de elección de la figura del fiscal general del Estado o el establecimiento de contrapesos frente al "poder omnímodo" que ejerce dicho cargo hoy puesto en entredicho.

Entre las demandas de la carrera fiscal, en concreto de la AF, su presidenta también ha puesto el foco en otras mejoras, entre ellas una revisión de su estatus profesional, salarios y prevención de riesgos laborales y, de forma imperiosa, un incremento de efectivos en una plantilla "exigua", compuesta en España por 2.700 fiscales, para afrontar los nuevos retos y facilitar su rapidez y eficacia en el trabajo diario.

A este respecto, Dexeus ha reclamado estudios al Ministerio de Justicia para determinar las cargas de trabajo y, en función de ellas, poner cifras a ese necesario incremento de la plantilla de fiscales en toda España y también un análisis de las jubilaciones para

"No se están previendo tasas de reposición pues las jubilaciones que se están produciendo y las que vendrán van a provocar un déficit tremendo en nuestras plantillas, ya de por sí exiguas", ha vaticinado la portavoz de la AF.

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