El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago han negado este martes en la Audiencia Nacional que realizasen investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre cargos de Podemos.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que en su declaración como investigados ante el juez Santiago Pedraz --que se ha extendido por media hora-- ambos han contestado únicamente a las preguntas de su defensa.
Por su parte, Pino ha dicho que no reconocía su participación en los hechos tal y como se describen en la querella presentada por Podemos. Fuentes Gago, por su parte, ha ido negando punto por punto las actuaciones que se le imputan.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Cabe recordar que esa querella fue interpuesta por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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