Funcionarias de aduanas en Canarias aluden a "información reservada" para no profundizar en el 'caso mascarillas'

Las funcionarias de aduanas citadas a declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en pandemia --María José Caballero y María Ortega-- han esgrimido un informe de los servicios jurídicos para justificar que no respondían a las preguntas relacionadas con el 'caso mascarillas' porque son datos de "información reservada" y se deben a una labor de "sigilo".

Ambas, pese a las quejas de algunos diputados --CC incluso ha pedido copia del informe jurídico-- se han limitado a explicar de forma genérica como es un proceso de entrada de mercancía y su destrucción si fuera necesario.

En el 'caso mascarillas' se investiga el pago de cuatro millones por adelantado por parte del Servicio Canario de Salud por un lote de un millón de mascarillas importado por la empresa RR7 United --dedicada a la compraventa de coches-- que finalmente fueron destruidas porque resultaron ser falsas.

María José Caballero, delegada de Aduanas en el aeropuerto de Gran Canaria, ha apuntado que durante la pandemia se instaron nuevas instrucciones dada la importación "masiva" de material sanitario y la necesidad de dar el visto bueno a la mercancía de manera más "ágil".

Ha explicado, de forma genérica, que cuando se abre un procedimiento se comunica al importador que la mercancía es "susceptible" de vulnerar derechos de propiedad intelectual y después a los titulares de la marca, que indican "si es falsa o no".

A partir de ahí ha apuntado que si el caso está incurso en una investigación judicial Aduanas se queda a la espera de resolución y en caso de que se destruya, los costes competen a la empresa titular de la marca.

Ha dicho también que los funcionarios "verifican" que la mercancía se elimina pero la certificación compete a la empresa afectada, subrayando que en el caso concreto de unas mascarillas se procede a incinerarlas habitualmente.

Caballero ha puntualizado también que no conoce ni a Rayco García, administrador de RR7 United, ni a Ana María Pérez, exdirectora financiera del SCS pero por respeto al procedimiento no ha aclarado si contactó con ellos durante el procedimiento.

Igualmente no ha respondido sobre la posible existencia de vehículos retenidos por Aduanas, ha señalado que "no es habitual" que se grabe la eliminación de la mercancía y ha insistido y que la función de la agencia es tener "filtros" para asegurar que no hay riesgo para los ciudadanos.

PP: "PROFUNDA DECEPCIÓN"

Fernando Enseñat (PP) ha mostrado su "profunda decepción" por la negativa de las funcionarias a declarar sobre el expediente del 'caso mascarillas' y ha cargado contra el "trato de favor" que tuvo el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura hacia determinadas empresas como RR7, Megalab o Soluciones de Gestión.

Ha afeado también que el exdirector del SCS Conrado Domínguez "operaba desde un despacho como un mediador", que el expresidente canario Ángel Víctor Torres "mintió" en la comisión de investigación según revela la UCO y remarcado que hay hasta "22 millones" adjudicados a empresas en material sanitario "envueltos en presuntos delitos".

José Alberto Díaz-Estébanez (CC) ha indicado que se avanza "a trompicones" en la comisión por más que haya "silencios elocuentes" y a veces sea "frustrante" la metodología porque "no se adapta a la actualidad" y se ha dejado a los representantes políticos para el final.

Además, ha indicado que "es inexplicable y chusco" que se hayan destruido las mascarillas y ha puesto sobre la mesa un informe de la UDEF en el que revela contactos para tratar de desbloquear la partida de mascarillas en Aduanas.

Nira Fierro (PSOE) ha criticado a CC y PP por "hacer suposiciones" y tratar de "construir un relato" cuando se está demostrando en la comisión que la administración pública tiene sus "propias funciones" y se orienta a la defensa del interés general frente al "ruido, la parafernalia, la búsqueda de titulares y la mediocridad".

María Ortega, exdirectora regional de Aduanas en Canarias entre 2016 y 2022 ha relatado que en pandemia hubo muchas "llamadas" con representantes del SCS o el Gobierno canario pero ha reconocido que no eran "colaboradores" habituales de Aduanas y en muchas ocasiones no se sabía "ni quien estaba al frente". "Era habitual contactar a cualquier hora del día", ha comentado.

Ha señalado que en pandemia "había reuniones continuas" en la administración para tratar de agilizar los controles porque la cantidad de material era "ingente" y hubo incluso formación específica para "detectar falsificaciones".

EL MATERIAL LLEGABA DE CHINA Y HONG KONG

Ortega ha relatado también que cuando se inmoviliza una partida "no se comunica al exportador, solo al importador y la empresa afectada", y tampoco se acude a las fuerzas y cuerpos de seguridad salvo si hay algún requerimiento en caso de judicialización.

Ha señalado que cuando se detecta mercancía falsa "lo normal" es acometer la destrucción porque "no se puede almacenar material" y ha incidido en que el material venía principalmente de China y Hong Kong, confesando que "no sabe" ni lo podría decir de donde llegaba el material de RR7 --concretamente Etiopía--.

En esa línea ha comentado que la aduana es el "último eslabón" antes de que un producto llegue al mercado y ha señalado que unas mascarillas podrían haberse puesto en uso si tenían "certificados de farmacia o sanidad" aunque fueran falsas, dado que no entrañaban riesgo para salud.

No obstante, ha apuntado que no tiene constancia de si hubo acuerdos entre partes para revender el material a terceros países y entiende que era normal que el SCS se interesaba por saber qué ocurría con los pedidos de material.

Marcos Hernández, del Grupo Socialista, ha lamentado que se haya hecho comparecer a las funcionarias de aduanas ante la comisión porque "no ha sido una cita agradable" y ha subrayado que "los controles existían, se verificaba la mercancía" y el trabajo del sistema de aduana "ha funcionado correctamente".