Sumar defenderá este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso una iniciativa para que el edificio de la Puerta del Sol que alberga la sede de la Presidencia del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, sea declarado lugar de Memoria Democrática, ya que durante el franquismo acogió las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS).
En su iniciativa, recogida por Europa Press, los de Yolanda Díaz recuerdan que durante la dictadura la antigua Real Casa de Correos albergó las dependencias de la Brigada General de Información y funcionó como "centro de torturas". Por allí, recalca, "pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia, por sus convicciones religiosas, su orientación sexual o por su mera discrepancia con el régimen".
Por ello reclaman que, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, se coloque una placa con los nombres de las víctimas, acompañadas del de las organizaciones en las que militaban con el objetivo de honrar la memoria de quienes allí "sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia".
UNA PLACA A GRIMAU EN EL SENADO
A su juicio, esta acción sería "un paso más" en la reparación de las víctimas y "homologaría" a la Comunidad de Madrid con otras capitales europeas que han sido escenario de la barbarie del nazismo y del fascismo, donde hay placas o museos que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación.
Además, Sumar aboga por promover un acto específico para la "rehabilitación democrática" de una de las personas que fueron torturadas en los calabozos de la DGS, el dirigente comunista Julián Grimau, que fue condenado a muerte y de cuyo fusilamiento de cumplieron 60 años en 2023.
En este caso, piden la colocación de una placa su memoria, pero en el actual edificio del Senado, en la Calle del Reloj, donde estaba ubicado el Tribunal Militar en el que se le juzgó en un juicio, destacan, "plagado de irregularidades incluso con las leyes franquistas de la época".
LEY DE VAGOS Y MALEANTES
En la misma sesión de la Comisión Constitucional se debatirá otro texto, del PSOE, que persigue impulsar el reconocimiento y homenaje a las personas del colectivo LGTBI que fueron víctimas de represión durante la guerra y la dictadura, por ser "discriminadas y perseguidas por el Estado, así como excluidas por la sociedad".
En este contexto, destacan que en 1954 el gobierno franquista modificó la 'Ley de Vagos y Maleantes' para incluir a las personas LGTBI como "potencialmente criminales de delitos sexuales" por lo que podía aplicar determinadas medidas de seguridad ante ellas.
Los socialistas se remiten a estudios que apuntan a que más de 5.000 personas fueron condenadas bajo el régimen franquista por su orientación o identidad sexual o expresión de género, aunque "el número podría ser mayor dado el estigma social que existía en esa época".
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