València, 15 oct (EFE).- El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana fue “titular real o último beneficiario” de una cantidad aproximada a los 20,6 millones de euros provenientes de comisiones ilícitas entregadas por empresarios a cambio de adjudicaciones de servicios, entre ellos la privatización de las ITV valencianas.
Según consta en la sentencia del caso Erial, conocida este martes, el expresident de la Generalitat diseñó con la ayuda de varios colaboradores o al menos se aprovechó de una compleja estructura societaria para canalizar esos fondos, y para ello se sirvió de diversos entramados societarios residenciados en Luxemburgo, Panamá o Andorra, y posteriormente disfrutó del dinero en forma de efectivo, bienes inmuebles o viajes.
En la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia no existe un relato ligado de hechos, probablemente debido a la complejidad de las tramas superpuestas y a la extensión de sus operaciones en el tiempo, sino más bien un extenso esquema de hechos probados ordenados de forma cronológica.
La mayoría de estos hechos son proceso administrativos u operaciones financieras, que revelan cómo procedió la trama para obtener, evadir y disfrutar posteriormente de fondos ilícitos.
Así, se detalla cómo fue el inicio "casual" de este proceso, que tuvo origen en los conocidos como los papeles del sirio, que fueron hallados en unos registros policiales ordenados en el marco del caso Imelsa, otra macrocausa de corrupción que tiene como principal protagonista a Marcos Benavent, que fue gerente de una empresa pública de la Diputación de Valencia y que se autodenominó el yonqui del dinero.
La Sala acredita la validez de esa documentación, así como su correcta custodia -como ya han hecho otros pronunciamientos judiciales-, en contra de la posición de la defensa de Zaplana, que dirigió la mayoría de sus esfuerzos a anular este hallazgo.
Posteriormente se relata cómo el que fue jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación de las adjudicaciones de las ITV, Juan Francisco García, "hizo lo necesario para que se produjeran las adjudicaciones concertadas conforme a los pactos suscritos entre Zaplana y Juan Cotino", tío de los dos empresarios condenados, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía.
Fue precisamente Juan Cotino, según recoge la sentencia, quien viajó a Luxemburgo en mayo de 2001 -mientras ostentaba el cargo de director general de la Policía- para constituir las sociedades en la que se depositaron las mordidas que pagaron los empresarios.
En la constitución de estas firmas participó Beatriz García Paesa, sobrina del espía implicado en el caso Roldán Francisco Paesa, y las acciones de las misma se emitieron al portador, de modo que pudieron ser transmitidas posteriormente a los colaboradores de Zaplana.
Las empresas de los hermanos Vicente y José Cotino obtuvieron unos beneficios de 86,5 millones de euros por la venta de sus participaciones en las ITV valencianas y los parques eólicos.
El fallo relata cómo Juan Francisco García repatrió a España parte de los fondos depositados en Luxemburgo gracias a la amnistía fiscal de 2012.
En paralelo a las sociedades ubicadas en Luxemburgo, "la organización de Zaplana constituyó un entramado en Panamá con cuentas en Andorra para recibir dinero también de procedencia ilícita".
"En el reparto de funciones diseñado por Zaplana, colocó como financiero para la gestión de los fondos a Francisco Grau, de su círculo de amistad más estrecho y que poseía los necesarios conocimientos financieros; y a su amigo Joaquín Barceló como la persona que ostentaba la titularidad y poderes de las sociedades", explica la sentencia, que añade que "ambos conocían el origen ilícito de los fondos".
A través de una docena de sociedades manejadas por sus testaferros, Zaplana disfrutó de bienes inmuebles, embarcaciones, viajes y dinero en efectivo, e intentó realizar varias inversiones inmobiliarias en Madrid y la Costa Blanca.
En una de ellas realizada en Somosaguas a través de las firmas y las cuentas de Barceló, Zaplana obtuvo una plusvalía de 3,5 millones de euros. Posteriormente, el amigo de Zaplana costearía viviendas y coches para el exministro con esos fondos.
La Sala ha decidido absolver a la que fue durante años la secretaria personal de Eduardo Zaplana, Mitsouko Henríquez, por considerar que no ha quedado acreditado que conociese el origen ilícito del dinero que hacía llegar a su jefe. EFE
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