Hereu interviene en catalán en el Consejo de la UE para reivindicar el uso de las lenguas cooficiales

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha intervenido en catalán en la sesión pública de la reunión de ministros responsables de Competitividad de la UE que se celebra este jueves en Bruselas para reivindicar el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas, convirtiéndose así en el segundo ministro de la historia que utiliza el catalán en este foro. Hereu, que fue ya el primero en responder en catalán en una sesión de control en el Congreso, quiere trasladar ahora esta normalización del multilingüismo a la esfera comunitaria coincidiendo, además, con el Día Europeo de las Lenguas, que se celebra este 26 de septiembre. El gesto de Hereu se suma a la carta que esta misma semana envió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para pedir de nuevo a la presidenta del Parlamento Europeo, la conservadora Roberta Metsola, que se apruebe el uso de catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en la institución. Se trata de dos movimientos del Gobierno en pleno debate por la falta de apoyo parlamentario del Gobierno, después de que Junts adelantara que no respaldaría el techo de gasto y forzara al Ejecutivo a aplazar la votación prevista para el jueves. Uno de los argumentos que defiende Albares es que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales, El único precedente de una intervención en lengua catalana en una sesión pública del Consejo es la del exministro de Industria y Turismo José Montilla, que en 2005 utilizó por primera vez la lengua catalana en este foro para reivindicar la relevancia del castellano frente al plan de la Comisión Europea de reducir un 33% el número de traductores al español. Fue un año después, en 2006, cuando se publicó el acuerdo suscrito entre España y el Consejo para permitir el registro y la traducción de comunicaciones escritas en las lenguas cooficiales, así como de intervenciones orales, cuyos costes deben ser abonados, incluso en caso de anulación, por la Representación Permanente de España.