Lima, 14 sep (EFE).- El Gobierno de Perú publicó este sábado un decreto que oficializa medidas "extraordinarias y urgentes" para afrontar la grave crisis que afecta a la empresa estatal Petroperú, cuyo directorio en pleno renunció a inicios de esta semana tras declarar la "insostenibilidad financiera" de la petrolera.
El decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, señaló que las medidas "extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera" buscan superar la coyuntura de Petroperú, así como asegurar su sostenibilidad y la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional.
Entre otras medidas, dispuso ampliar hasta el 31 de julio de 2025 el plazo de la Operación de Endeudamiento de Corto Plazo, bajo la modalidad de otorgamiento de garantía del gobierno nacional hasta por mil millones de dólares.
También aprobó, de manera excepcional, la capitalización en Petroperú del Apoyo Financiero Transitorio aprobado en 2022 y otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta por el equivalente en soles a 750 millones de dólares, más los intereses, con lo que quedó extinguida la obligación de pago por parte de la empresa.
La norma señaló que el MEF asumirá las obligaciones de Petroperú correspondientes a un préstamo para capital de trabajo contratado con el Banco de la Nación (BN), hasta por 800 millones de dólares, más los intereses.
Dispuso también aprobar la Operación de Endeudamiento de Corto Plazo, con la garantía del gobierno, hasta por un monto de 1.000 millones de dólares en respaldo de las obligaciones de Petroperú derivadas de un préstamo que el BN debe otorgar a favor de la empresa para financiar capital de trabajo.
Al referirse al año fiscal 2024, el decreto indicó que el directorio deberá adoptar acciones para reducir la ejecución del presupuesto de gastos entre septiembre-diciembre en un 10 %, respecto a la ejecución registrada en el mismo periodo de 2023.
En cuanto al año fiscal 2025, indicó que esta reducción de gastos y costos debe ser equivalente al 30 % de la ejecución del presupuesto de gastos de este año.
El Ejecutivo encargó, además, a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) la venta, disposición y otras modalidades de gestión de todos los bienes inmuebles y predios de propiedad de Petro-Perú que no sean considerados activos críticos nacionales o necesarios para la operación de la empresa.
El decreto dispuso que la empresa deberá contratar a una firma especializada para que diseñe y gestione la implementación de transformación integral, así como designar o contratar al personal que se requiera para implementar las recomendaciones y propuestas por asesorías especializadas.
Hasta diciembre de 2023, la deuda financiera de la empresa ascendía a 6.112 millones de dólares y sus pérdidas a 800 millones de dólares, según información de la propia compañía.
Petroperú tiene a su cargo varias refinerías en el país, la última de las cuales fue construida en la norteña ciudad de Talara, así como el Oleoducto Norperuano, y distribuye combustibles en zonas altoandinas y alejadas de la Amazonía, donde no llega la oferta privada. EFE
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