Madrid, 31 ago (EFE).- El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha eludido la pretensión de asociaciones de la memoria para que los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel de Madrid, por la que pasaron miles de presos antifranquistas, sean incluidos como lugar de memoria democrática.
La Plataforma por un Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel recibió el 23 de agosto pasado un escrito de la Dirección General de Memoria Democrática (dependiente de la Secretaría de Estado de igual nombre) en el que informa de que el expediente de declaración como Lugar de Memoria Democrática (LMD) de los terrenos de la cárcel de Carabanchel ha caducado, "por haberse superado el plazo de tramitación de 12 meses sin que se haya completado el procedimiento".
"Nos parece un atropello injustificable, indigno y muy sorprendente. Sin llegar a compartirlo, lo entenderíamos mejor si lo hubiera hecho un Gobierno del PP", ha afirmado por teléfono a EFE Luis Suárez-Carreño, representante de la plataforma.
"Ya hemos respondido por escrito (a la Administración central) y no descartamos recurrir esta decisión porque creemos que es injusta", ha añadido Suárez-Carreño, quien en dos ocasiones fue preso político con Franco en la cárcel de Carabanchel.
En un comunicado, la plataforma manifiesta que "es necesario aclarar de entrada que si el procedimiento no se ha completado ha sido por la dejación o incompetencia de la propia Dirección General, puesto que la solicitud fue presentada debidamente en noviembre de 2022, incorporando el conjunto de datos y argumentos que la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde hace dos años, establece al respecto en su artículo 49".
En opinión de la plataforma, "más allá de los pormenores administrativos, la cuestión de fondo es una lamentable falta de sensibilidad memorialista por parte de los responsables del actual gobierno, que parecen ignorar la importancia histórica de la prisión de Carabanchel, lugar emblemático de la represión franquista y escenario de luchas de resistencia tanto durante la dictadura como la Transición".
"Y ello no solo por haber rechazado la solicitud presentada, sino por no haber tomado de oficio la iniciativa de declarar lugar de memoria democrática este sitio único con relevancia estatal", añade.
En el caso de la cárcel de Carabanchel, sostiene que "el memoricidio llueve sobre mojado" tras la "nefasta" decisión de demoler la totalidad de la prisión en octubre de 2008 por el entonces ministro del Interior Pérez Rubalcaba, haciendo caso omiso de las voces que solicitaron su conservación.
Según la información oficial de la propia Secretaría de Estado, durante los 22 meses que lleva en vigor la Ley de Memoria Democrática tan solo se han declarado 18 lugares de memoria democrática, de los que únicamente cuatro se refieren a hechos del siglo XX, en concreto de la Guerra Civil y la posguerra, y ninguno a la dictadura y la Transición.
Además, recuerda que se han solicitado declaraciones de lugares correspondientes a estos últimos periodos, pero por razones que desconocen ninguno ha prosperado a pesar de que, como en su caso, "no solo su valor histórico y democrático esté más que demostrado, sino que además se hayan cumplido holgadamente todos los requisitos técnicos legalmente exigibles".
"Denunciamos la incoherencia de las políticas de memoria democrática del actual gobierno, que mientras hace proclamas públicas incumple en la práctica su propia legislación y desprecia a los colectivos sociales memorialistas que defendemos realmente la memoria democrática y antifascista", concluye. EFE
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