Málaga, 15 jul (EFECOM).- El Gobierno asegurPa que no es posible liberar el peaje del tramo de la AP-7 de la Costa del Sol, como se ha hecho temporalmente con el de Alicante, al tratarse de una vía con un régimen de gestión privado a través de contratos de concesión con el Estado.
"El caso de la autopista AP-7 en la Costa del Sol es completamente diferente al de la AP-7 Circunvalación de Alicante", asegura el Gobierno, después de que la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, haya pedido este lunes al Gobierno que dé a la provincia "el mismo trato" que a Alicante y libere "de inmediato" el peaje de la autopista de la Costa del Sol.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado hoy la retirada temporal de los peajes de la autopista de peaje AP-7 que circunvala Alicante desde este martes hasta el 15 de octubre, coincidiendo con el inicio de la Operación Paso del Estrecho(OPE) y durante la temporada de mayor tránsito de vehículos ligeros y pesados de largo recorrido.
La AP-7 Circunvalación de Alicante está gestionada por la empresa pública SEITT (Sociedad Estatal de Transporte Terrestre) desde 2018, cuando tuvo que revertir al Estado por problemas financieros. Así, tiene un régimen de explotación público articulado a través de un convenio que prevé que se realicen bonificaciones, explican desde el Ejecutivo.
En el caso de Málaga, la Autopista del Sol Concesionaria Española (Ausol) es titular de las concesiones administrativas para la construcción, conservación y explotación de las autopistas AP-7 Málaga-Estepona (en explotación desde el 25 de junio de 1999) y la AP-7 Estepona-Guadiaro (en servicio desde el 12 de agosto de 2002), más conocidas en su conjunto por la autopista del Sol.
El tramo Málaga-Estepona está concedido hasta 2046 y el tramo Estepona-Guadiaro hasta 2054.
"Por lo tanto, el caso de la autopista AP-7 en la Costa del Sol es completamente diferente al de la AP-7 Circunvalación de Alicante, dado que se trata de una autopista de peaje con un régimen de gestión privado a través de contratos de concesión entre la sociedad concesionaria y la Administración General del Estado", subraya el Gobierno.
Las autopistas de peaje en régimen de concesión están reguladas por una normativa específica, que forma parte de los contratos de concesión suscritos por las respectivas sociedades concesionarias y la Administración concedente.
Dicha normativa establece unos derechos y obligaciones tanto para la Administración como para el concesionario. Entre los derechos de este último se incluye la percepción del peaje con arreglo a las tarifas aprobadas. EFECOM
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