Valladolid, 9 jul (EFE).- La Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio ha respondido este martes en nota de prensa al comunicado enviado hoy por las exmonjas de Belorado (Burgos) que todas las actuaciones realizadas por el comisario pontificio y la comisión gestora están "dentro de la más estricta legalidad".
En concreto, las exmonjas del monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) a través del comunicado de la que fuera abadesa, Laura García de Viedma, han asegurado que su comunidad estuvo siempre al corriente de las obligaciones financieras hasta la intervención del Arzobispado y han manifestado que se ha detectado la usurpación ilegítima de las cuentas bancarias pertenecientes a su comunidad (hoy asociación).
Como contestación, la Comisión Gestora ha expuesto que García de Viedma dice hablar en representación de una asociación civil que no consta que esté registrada como tal ante la autoridad competente.
Como ya se manifestó en ocasiones anteriores, la transformación de una entidad religiosa en una asociación civil requiere el permiso y la forma de proceder que dispone la Santa Sede, que no se ha respetado en este asunto, afirma la Comisión Gestora.
"Se está intentando confundir a la opinión pública, tratando de hacer creer que la nueva asociación civil erigida por las exreligiosas es la propietaria del patrimonio de los Monasterios", sostiene.
Para la Comisión, el comunicado de García de Viedma tiene apariencia de denuncia ante una autoridad competente, sin especificar cuál es esa autoridad.
Ha recordado al respecto que ya realizó otra denuncia ante la Policía Nacional hace más de un mes, al parecer ratificada posteriormente ante la autoridad judicial.
Al comisario pontificio, como representante legal, le asiste el derecho de administrar todos los bienes muebles, inmuebles, dinerarios y financieros de los monasterios, ha argumentado, al recordar que así lo han reconocido todas las entidades bancarias y las administraciones públicas, una vez aportada la documentación.
Aclara además que quien afirma la existencia de morosidad ante empresas y particulares son las propias exreligiosas, como se puede comprobar en sus diversas manifestaciones.
La Comisión Gestora mantiene que obran en su poder facturas que llevan meses sin ser abonadas por la gestión de la exabadesa (aproximadamente, y con exclusión de los préstamos, solo en facturas se adeudan unos 42.000 euros, algunas de las cuales tienen hasta 2 años de antigüedad).
Asegura que desconoce la amplitud de las obligaciones financieras de los monasterios porque García de Viedma sigue "ilegalmente" impidiendo el acceso a su gestión y solo se tiene constancia documentada de algunas facturas impagadas sin conocer el estado de las obligaciones laborales fiscales y tributarias, por la "contumaz" actitud de exabadesa, después de haber pedido información mediante cinco requerimientos.
Defiende que su modo de proceder es y seguirá siendo el respeto absoluto a las personas, a la legalidad, a la verdad y a la transparencia sin entrar en descalificaciones o difamaciones de ningún tipo.
El comunicado de García de Viedma también incluyó que "resulta especialmente alarmante" que la persona ahora a cargo de sus cuentas haya sido "previamente sancionada por el Banco de España debido a irregularidades en la gestión de cuentas de terceros"
Con respecto a las "descalificaciones personales" vertidas contra el comisario pontificio, la Comisión en su respuesta dice que hacer referencia a una sanción administrativa del comisario pontificio de su época en la que perteneció al consejo de administración de Cajasur desde 2005 a 2008, para poner en duda su legitimidad para administrar bienes, "constituye un intento de calumniarle". EFE
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