Barcelona, 1 jul (EFE).- El exdiputado de la CUP y exsecretario tercero de la Mesa del Parlament Pau Juvillà ha rechazado este lunes acogerse a la amnistía y ha anunciado que interpondrá un recurso contra España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Así lo ha dicho en una rueda de prensa frente al Palacio de la Justicia de Lleida, acompañado del actual diputado de la CUP Dani Cornellà, su abogado Carles López y un miembro de Alerta Solidaria, según ha explicado la formación en un comunicado.
Juvillà fue condenado por el Tribunal Supremo a seis meses de inhabilitación y una multa de 1.080 euros por no retirar unos lazos amarillos de la fachada del Ayuntamiento de Lleida en las elecciones generales de 2019, pese a ser requerido varias veces por la Junta Electoral Central (JEC).
Según ha defendido, en el Estado español "no existe" la separación de poderes y se considera "víctima de una vulneración de sus derechos en la libertad ideológica y la libertad de expresión", por estos motivos, ha decidido oponerse a ser amnistiado y presentar una demanda al TEDH.
Con relación a su condena, ha apuntado que "no puede haber desobediencia a una orden injusta" y ha asegurado que se siente "orgulloso" de la decisión colectiva de no descolgar los lazos amarillos, puesto que, a su juicio, la JEC buscaba silenciar la existencia de presos políticos.
Su abogado, Carles López, ha señalado que la amnistía ni reconoce la condición de víctimas de vulneraciones de derechos por parte del Estado, ni repara a estas víctimas del agravio sufrido, por eso, como consideran que el caso de Juvillà ha sufrido ambas, buscan amparo en el Tribunal europeo con el objetivo de que condene a España para vulnerar la libertad ideológica y de expresión del independentismo catalán.
Asimismo, considera que la ley de amnistía no le resulta aplicable, ya que su condena ha estado "completamente ejecutada, la multa abonada y su inhabilitación más que cumplida": "La amnistía no le causa ningún efecto legal relevante e incluso puede obstaculizar por parte del Estado el ejercicio de acciones que está llevando a cabo para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que considera que ha sufrido", ha explicado.
Por su parte, Cornellà, ha manifestado que la CUP defiende que las personas represaliadas que están pendientes de juicio o de ejecución de sentencia puedan acogerse en la ley de amnistía, mientras que la formación se niega a admitir que los policías agresores de los votantes del 1-O puedan hacerlo, puesto que el delito de tortura o maltratos infringidos por un funcionario público no pueden tener cabida en una ley de amnistía. EFE
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