Madrid, 20 mar (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este miércoles de que el Gobierno ha ampliado un año (hasta octubre de 2025) el plazo para que hijos y nietos de exiliados puedan solicitar la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
Torres ha hecho este anuncio en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso para informar sobre la actuación de su departamento en materia de memoria democrática.
En concreto, tendrán un año más de plazo para solicitar la nacionalidad española aquellas personas que tengan derecho en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
Entre ellas están los hijos y nietos de españoles que perdieron su nacionalidad a raíz del exilio pero también los hijos de mujeres españolas que renunciaron a su nacionalidad al casarse y los hijos mayores de edad de aquellas personas a las que ya se les concedió la nacionalidad con la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Asimismo, Torres ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el 23 de abril la creación de tres comisiones de trabajo previstas en la Ley de Memoria Democrática, entre ellas una para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, coincidiendo con el inicio del Gobierno de Felipe González.
Las otras dos son una comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano de España y otra para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
Por otro lado, Torres ha comentado que el Gobierno ha recuperado alrededor de 4.500 cuerpos de víctimas del franquismo y la guerra civil desde 2020, cuando puso en marcha el plan cuatrienal de exhumaciones.
Con este plan ha habido unas 600 actuaciones en toda España y se han movilizado más de 15 millones de euros mediante transferencias principalmente a comunidades autónomas (un 57 %) y a entidades locales (un 37 %).
El ministro ha destacado los trabajos que siguen en marcha en el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), pese a los escollos judiciales, para la exhumación de 160 víctimas cuyos restos han sido reclamados por sus familiares.
"A cada recurso ante la Justicia que se interponga, habrá una respuesta, pues la Ley y la razón nos asisten. A cada retraso que se presente en nuestro camino, más decididos estaremos en caminar", ha asegurado Torres, que asegura que con esta actuación "no se reabren heridas" sino que "se avanza en cerrar las heridas abiertas".
Además, el ministro ha indicado que próximamente, como prevé la ley de memoria, tendrá lugar la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de la que depende el recinto, integrada por monjes benedictinos.
Y el Gobierno elaborará también en aplicación de la ley un Real Decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave con la intención de convertirlo en un centro de interpretación, así como otro Real Decreto de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en la guerra civil y la dictadura.
Durante la comparecencia, el ministro ha informado también de que el Gobierno ha entregado 326 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a víctimas desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, y ya van más de mil desde que Pedro Sánchez es presidente.
Por otro lado, ha detallado que el banco estatal de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura previsto en la ley ha dado sus primeros pasos con la introducción de alrededor de 435.000 registros procedentes de expedientes del archivo general e histórico de Defensa y de las mencionadas declaraciones de reconocimiento y reparación. EFE
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