Madrid, 16 ene (EFE).- Los juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia, que debían haberse regulado a través de un proyecto de ley hace ya año y medio, siguen sin ver la luz a pesar de los constantes recordatorios de juristas y asociaciones de infancia.
Fuentes jurídicas confirman a Efe que, a la espera de que el Gobierno impulse la necesaria reforma legal, solo funciona como "proyecto piloto" una juzgado especializado de ese tipo en Canarias.
Los juzgados especializados en abordar las agresiones de las que son víctimas los menores fue una medida pionera incluida en la Ley orgánica de protección de infancia y adolescencia frente a la violencia, que entró en vigor el 25 de junio de 2021.
La norma dio un año de plazo al Ejecutivo para enviar al Congreso una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial para crear esos órganos y también la especialización en Infancia, Familia y Capacidad dentro del orden jurisdiccional civil, pero no ha habido avances.
La Asociación de Mujeres Juezas recordó al Gobierno la semana pasada la tarea pendiente, después de que un padre presuntamente matara a sus hijos de 7 y 10 años antes de suicidarse, en un nuevo caso de violencia vicaria.
Para estas juristas, es imprescindible que todas las instituciones reflexionen y actúen con perspectiva de género y de infancia y que atienda "inexcusablemente al interés superior de los niños y niñas" en todos los casos que lleguen a los tribunales.
La creación de los juzgados especializados, en su opinión, resulta "urgente e inaplazable" para proteger sus derechos de niños y adolescentes, un recordatorio que las principales organizaciones de infancia trasladaron al Gobierno tras tomar posesión los nuevos ministros.
El pasado mes de octubre cumplió dos años el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia que funciona en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria como experiencia piloto nacional.
Según el balance facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su segundo año de funcionamiento registró 607 denuncias, un 66,3 % más que el anterior, entre las que destacan los delitos contra la integridad moral y maltrato físico y psíquico interfamiliar y los delitos contra la libertad sexual.
El órgano judicial, que ha sido dotado con una sala de espera "amigable", cuenta con una unidad adscrita especializada de la Policía Autonómica de Canarias.
Las primeras conclusiones del grupo de investigación encargado de analizar los plazos y el nivel de ansiedad y estrés de las víctimas que acuden al juzgado muestran que este órgano ha reducido las esperas entre la denuncia y la toma de declaración y evita en buena medida la victimización secundaria de los menores.
Alertaba sin embargo el TSJC de que el aumento de denuncias había ralentizado la práctica de pruebas preconstituidas (la toma de declaración previa, con todas las garantías, que se graba en soporte audiovisual y que es plenamente válida para su reproducción en cualquier fase del proceso, incluida la vista oral) y había ya un tiempo de espera de 16 días. EFE
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