La Fundación Hay Derecho ha entregado este martes en el Congreso más de 101.000 firmas en contra de a proposición de Ley de Amnistía que registró el PSOE tras sus pactos con los independentistas de ERC y Junts. Para esta fundación de juristas, la misma que recurrió el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y que consiguió que el Tribunal Supremo lo anulase, esa iniciativa legal es "una seria amenaza al Estado de Derecho y a la separación de poderes". Además de trasladar su preocupación al presidente Pedro Sánchez y al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, Hay Derecho ha escrito cartas a los distintos portavoces del Congreso pidiendo exponer sus recelos en alguna comisión parlamentaria "para fomentar un debate informado y constructivo". Según Safira Cantos, directora general de la Fundación, se plantea una "medida excepcional" que quiebra la igualdad ante la ley, y no se hace por interés general, sino "únicamente por necesidades de aritmética electoral coyuntural, a cambio de votos de un partido minoritario". La secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez, se ha referido también al llamado 'lawfare' o utilización de la Justicia contra los adversarios, algo que denuncian los independentistas y cuya existencia ahora asume el PSOE, y ha señalado que, si ha habido abusos o actuaciones incorrectas de los tribunales, el Estado de Derecho tiene "vías suficientes" para que se puedan revisar e incluso para sanciones disciplinarias por parte del CGPJ, pero es "my grave" dejar esa decisión a los políticos a través de comisiones de investigación del Congreso. INICIATIVA PARA DESBLOQUEAR EL CGPJ Por otro lado, Elisa de la Nuez ha explicado que en próximas fechas presentarán una iniciativa para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha cumplido cinco años con el mandato caducado. Su plan es nombrar a los doce magistrados del Consejo en dos fases: una primera selección para confirmar que los candidatos superan los requisitos exigidos, y luego decidir por sorteo cuáles de ellos se llevan a votación a las Cámaras, evitando así que los partidos se atasquen por desacuerdos con las cuotas o que traten de convertir a los vocales en sus correas de transmisión. A su juicio, es imprescindible la "renovación inmediata" del CGPJ: "La situación actual del Consejo General del Poder Judicial es absolutamente insostenible, daña la credibilidad y la confianza en las instituciones", sostiene.
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