El Gobierno Vasco ha aprobado formular un requerimiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que derogue, anule o revoque las disposiciones o actos adoptados en relación a la modificación de los Estatutos y del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja porque "impide" que diferentes operadores o productores del sector puedan destinar parte de la uva producida en sus viñedos a nuevas denominaciones de origen o a vinos producidos al margen de la Denominación Rioja. En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, ha dado a conocer este acuerdo adoptado al considerar que ambas disposiciones "son contrarias a derecho", por lo que reclama la derogación de las medidas adoptadas por el Ministerio. El Ejecutivo autonómico ha explicado que la formulación del requerimiento está basada en el informe elaborado por el Servicio Jurídico central del Gobierno, adscrito al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. El requerimiento reclama la nulidad de la orden APA/566/2023, de 1 de junio, por la que se modifican los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja; y la Resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria por la que se aprueba la modificación del pliego de condiciones de la Denominación Rioja. Según ha explicado el Ejecutivo, con la modificación de los Estatutos y del Pliego de Condiciones de DOCa Rioja realizada por el Ministerio se impide que los diferentes operadores o productores del sector puedan destinar parte de la uva producida en sus viñedos a nuevas denominaciones de origen o a vinos producidos al margen de la Denominación Rioja. El Servicio Jurídico central del Gobierno Vasco entiende que, de esta manera, se ponen "trabas" a los asociados que pretendan destinar su uva a la elaboración y comercialización de otros vinos al margen de la Denominación Rioja. A su juicio, es una "medida restrictiva desde el punto de vista de la competencia y perjudica al sector". Además, cree que supone "un límite" al derecho de libertad de empresa ya que se obliga a los viticultores a destinar su vino exclusivamente a la Denominación Rioja, por lo que, de este modo, salen "perjudicados" los viticultores y las pequeñas bodegas titulares de viñedos, mientras que los vinicultores o productores de vino, "tienen más opciones". El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que esto representa una "discriminación entre viticultores y vinicultores", ya que a los primeros se les obliga a que su uva sea producida para destinarla solo a DOCa Rioja, mientras que las corporaciones vinícolas, especialmente las grandes, pueden operar en distintas denominaciones de origen. El Consejo de Gobierno también ha autorizado al Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco para que interponga los recursos contencioso-administrativos correspondientes en el caso de que el requerimiento sea rechazado por el Ministerio. Por ello, se interpondrán los recursos contencioso-administrativos si el Ministerio rechaza este requerimiento.
Últimas Noticias
¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 6 de noviembre?
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales
Asfaspro, AUME y UMT exponen sus demandas en Madrid durante un encuentro con PSOE, PP y Vox
Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado
Un informe de Fedea advierte que el sistema ya genera un déficit estructural que creció 67.300 millones de euros en veinte años y que podría agravarse con el envejecimiento poblacional hacia 2050
Una mujer víctima de violencia de género y su padre, de 87 años y un 75% de discapacidad, afrontan un nuevo intento de desahucio: “Mi vida está en cajas”
La familia, que reside en la localidad sevillana de Carmona, no cuenta con una alternativa habitacional adaptada a las necesidades del hombre. El desalojo está previsto para el 10 de noviembre
La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra
El sector agrario pide un pacto de Estado que frene la “invasión especulativa” de los fondos de inversión que está “bloqueando” el relevo generacional y “poniendo en riesgo” el futuro del modelo social agrario en España
