La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

El Gobierno puede aprobar el reglamento de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026. Así lo concluye un informe jurídico elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española, que sostiene que no existe ningún impedimento legal para culminar la norma antes de la cita electoral. La clave, según el documento, está en activar de inmediato la tramitación urgente y evitar retrasos durante el procedimiento.

El análisis aborda una de las principales dudas sobre el calendario de aprobación: si la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral limitan la capacidad del Ejecutivo para desarrollar reglamentariamente la pasarela. La respuesta de la Abogacía es que no. El Gobierno no pasa automáticamente a estar en funciones por la convocatoria de elecciones y conserva sus competencias reglamentarias hasta la celebración de los comicios.

Por tanto, el Ejecutivo puede aprobar el Real Decreto que debe desarrollar la Pasarela al RETA sin que la disolución parlamentaria paralice el procedimiento. El informe distingue entre las iniciativas que se encuentran en tramitación en las Cámaras y los procedimientos administrativos que dependen directamente del Gobierno, que pueden continuar su curso pese al calendario electoral.

La convocatoria no suspende los procedimientos administrativos

La Abogacía sostiene que la disolución de las Cortes afecta a la actividad parlamentaria, pero no supone la suspensión automática de los procedimientos administrativos impulsados por el Ejecutivo. En consecuencia, el proceso de aprobación del reglamento de la pasarela no decae ni queda suspendido por la convocatoria de elecciones.

El documento también analiza las restricciones que establece la legislación electoral durante el periodo previo a los comicios. Estas limitaciones se dirigen fundamentalmente a la comunicación institucional y al uso de actos públicos para difundir logros o realizaciones de las administraciones. No constituyen, según el informe, una prohibición general para que el Gobierno apruebe nuevas disposiciones normativas.

Esta interpretación abre la puerta a que el Ejecutivo complete la regulación antes del 29 de noviembre. Sin embargo, que exista viabilidad jurídica no significa que la aprobación esté garantizada: para llegar a tiempo, el Gobierno tendría que acelerar los trámites y respetar los plazos establecidos para cada fase del procedimiento.

La tramitación urgente, clave para llegar a tiempo

El informe examina la posibilidad de recurrir a la tramitación urgente prevista en la Ley del Gobierno, una herramienta que permite reducir sustancialmente los plazos de elaboración y aprobación de un real decreto. La Abogacía considera que esta vía permitiría encadenar los trámites necesarios para que la norma pudiera aprobarse antes de las elecciones.

Entre las medidas contempladas figura la reducción a siete días hábiles del periodo de audiencia e información pública. También se podrían acortar a la mitad determinados plazos para la emisión de informes y establecer un plazo de hasta 15 días para el dictamen del Consejo de Estado, uno de los trámites esenciales del procedimiento. Ese periodo podría ser incluso inferior si el Gobierno o su presidente fijan otro más breve.

Más de 150.000 personas esperan una solución

La urgencia de la pasarela no responde únicamente a una cuestión administrativa. La Comisión Permanente de Abogacía ha insistido esta semana en que el retraso tiene consecuencias directas sobre miles de profesionales que siguen pendientes de conocer las condiciones de su incorporación al RETA.

La institución recuerda que más de 150.000 personas pueden verse afectadas por una regulación que no se limita al ámbito de la abogacía, sino que alcanza también a otros colectivos profesionales.

La situación afecta especialmente a profesionales que ya han alcanzado la edad de jubilación y que, a la espera de conocer el desarrollo normativo, se ven obligados a posponer decisiones sobre su futuro. La falta de una regulación definitiva prolonga la incertidumbre sobre cómo podrán hacer efectiva su incorporación al régimen de autónomos.

La Abogacía reclama culminar el proceso

Ante este escenario, la Comisión Permanente ha apelado a la unidad de los profesionales para lograr una solución que responda a las necesidades de las personas afectadas. La institución defiende que el proceso debe concluir después de años de espera y reclama que el calendario electoral no se convierta en un nuevo obstáculo.

“No podemos permitir que la incertidumbre se prolongue indefinidamente. Por eso, reivindicamos que es imprescindible culminar, de una vez por todas, el largo proceso de la Pasarela al RETA. No hacerlo supondría prolongar una situación de incertidumbre que afecta a más de 150.000 personas que llevan demasiado tiempo esperando una respuesta”, concluye la Abogacía.