El precio de la vivienda obliga a trabajadores en Ibiza a vivir en caravanas y camiones: “Es muy triste ver cómo la gente que ha nacido aquí tiene que irse”

Pese a tener empleo, muchas personas se ven obligadas a vivir sobre ruedas ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en Baleares, donde el precio por metro cuadrado ya supera de media los 4.000 euros

Asentamiento de autocaravanas en el aparcamiento de Es Gorg, en Ibiza, en 2025. (Germán Lama / Europa Press)
Asentamiento de autocaravanas en el aparcamiento de Es Gorg, en Ibiza, en 2025. (Germán Lama / Europa Press)
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Vivir en una autocaravana o en una furgoneta camperizada es la única opción de muchas personas en Baleares ante la imparable escalada de precios de la vivienda, tanto en el alquiler como en la compra, de forma que el metro cuadrado ya supera de media los 4.000 euros en el archipiélago, según datos del Consejo General del Notariado. Así, un piso de unos 80 metros cuadrados no baja de los 320.000 euros, lo que sitúa a Baleares como la región más cara de todo el país, superando a la Comunidad de Madrid (3.363 euros), País Vasco (2.783 euros) y Cataluña (2.406 euros).

Esos mismos datos indican que la compraventa de viviendas creció un 2,7% en Baleares, por debajo de la media nacional, que fue del 5,9%, mientras que la superficie media de las viviendas adquiridas en las islas aumentó un 2,7%, frente al 1,4% registrado en el conjunto de España.

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Por otro lado, la última estadística del INE, publicada este lunes, señala que la vivienda se ha encarecido un 12,2% en el segundo trimestre de 2026, encadenando así 45 trimestres al alza, los seis últimos con aumentos superiores al 12%. La subida ha sido especialmente intensa en el mercado de segunda mano, donde los precios han aumentado un 7,4% desde diciembre, mientras que en la vivienda nueva el incremento acumulado se sitúa en el 4,6%.

Este escenario ha empujado a muchos trabajadores de diferentes sectores a utilizar caravanas, furgonetas u otros vehículos como alternativa habitacional, aunque esta opción también supone afrontar numerosas dificultades. En Ibiza, en concreto, las ordenanzas municipales de casi todos los ayuntamientos prohíben la acampada y la pernocta, lo que restringe la posibilidad de permanecer durante períodos prolongados en buena parte de los núcleos urbanos. Además, la ley de control de la afluencia de vehículos también limita esta práctica en suelo rústico, de forma que prohíbe la acampada fuera de los campamentos de turismo legalmente establecidos.

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Asentamiento en Sa Joveria, en marzo de 2025, en Ibiza. (Germán Lama / Europa Press)
Asentamiento en Sa Joveria, en marzo de 2025, en Ibiza. (Germán Lama / Europa Press)

En el caso de Pablo S., un trabajador que lleva años viviendo sobre ruedas, fue consciente de la magnitud del problema de la vivienda en Ibiza cuando, al cambiar su furgoneta por una caravana más amplia, un trabajador migrante que dormía en una tienda de campaña le preguntó si podía alquilar su vehículo. “Ahí me di cuenta de que podía ser una solución para quien no necesita lujos en su día a día”, dice a Infobae, por lo que comenzó a reunir caravanas en la zona de Sa Joveria, detrás del hospital Can Misses, donde con el paso de los meses el lugar se convirtió en un asentamiento improvisado. Allí no vivían turistas que buscaban abaratar sus vacaciones ni personas que ocuparan viviendas, asegura, sino trabajadores que no conseguían acceder al mercado inmobiliario de la isla, convertida ya en un destino de lujo a precios prohibitivos.

Estuvo instalado en el asentamiento de Sa Joveria cerca de cinco años, entre 2017 y 2023, cuando fue desalojado junto al resto de residentes por la Policía Nacional por los posibles riesgos para la salud pública y situaciones de inseguridad, según denunciaron las autoridades. Este mismo espacio volvió a concentrar este 2026 caravanas y tiendas de campaña de más de un centenar de personas trabajadoras que no se pueden permitir un alquiler en la isla con sus ingresos, pero fue desalojado en abril por las mismas razones que la vez anterior.

Perfiles de todo tipo

Actualmente, Pablo S. ya no reside de forma permanente en Ibiza y solo regresa durante la temporada de verano para trabajar, que se prolonga durante varios meses. Hace cuatro años, cuando intentó por última vez buscar una vivienda junto a su pareja para plantearse formar una familia, descartó esa posibilidad por el precio de los alquileres y decidió marcharse de la isla. “No soy ibicenco de nacimiento, pero es muy triste ver cómo quienes han nacido aquí y tienen trabajo se ven obligados a marcharse del lugar donde crecieron, donde tienen a su familia y amigos”, por culpa de los precios desorbitados, añade.

Aclara, no obstante, que la vida en caravanas reúne perfiles muy distintos y no se limita a trabajadores temporales. Entre las personas que ha conocido menciona a madres solteras que han sido desahuciadas, mujeres mayores empleadas en sectores con salarios bajos como la limpieza, y matrimonios de jubilados que buscan vivir cerca de sus hijos.

En esta entrevista, Javier Gil explora las causas y consecuencias de la crisis de la vivienda en España. Desde el 'rentismo' que expulsa a familias para aumentar beneficios, hasta las posibles soluciones que pasan por reordenar el mercado.

A la espera de la resolución favorable de la regularización

En el caso de Gabriel, un argentino de 50 años que reside en Ibiza desde 2023, ahora vive en un camión tras ser desalojado del asentamiento de Sa Joveria el pasado mes de abril. Denuncia que en estos últimos años “ha habido numerosos desalojos en la isla y mucha gente se ha quedado en la calle, cuando los precios del alquiler son una locura”. “Es imposible alquilar un piso”, resume.

Su día a día, explica, está marcado por la falta de servicios básicos y “se las tiene que apañar para mover el camión y buscarse la vida como sea”, bien para encontrar agua o acceder a un baño para ducharse. Es electricista, pero su situación administrativa irregular le impide, por ahora, acceder a un contrato laboral, por lo que subsiste con “los trabajos que van saliendo”. Su objetivo es regularizar su situación, obtener el permiso de residencia y trabajo para ampliar sus oportunidades laborales y poder alquilar “al menos una habitación”.

La regularización extraordinaria de migrantes puesta en marcha por el Gobierno entre abril y junio registró casi 1,2 millones de solicitudes, pero hasta el momento solo un porcentaje pequeño ha recibido la resolución favorable, según ha denunciado el movimiento Regularización Ya. El plazo de presentación concluyó el 30 de junio, por lo que el Gobierno aún dispone de todo el mes de septiembre para resolver la mayor parte de los expedientes.

“Muchos estamos esperando a tener los papeles para poder estar más tranquilos y ya poder decir, por lo menos, acceder a una vivienda que te permita vivir en condiciones más dignas”, relata Gabriel, que confiesa que muchas veces se ha planteado regresar a Argentina, “aunque ya solo queda el último tirón”. “Si me fuera ahora, sería como darme por vencido después de todo lo que he pasado”, concluye.

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