El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria y el rechazo de vecinos y empresarios

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha tomado las riendas de una parte del puerto de Ceuta para levantar allí varias carpas destinadas a más de mil personas migrantes. La orden, rubricada este sábado por el ministro Óscar Puente, habilita el uso del muelle de Poniente con carácter temporal.

Detrás de esta decisión hay un choque previo con la Autoridad Portuaria de la ciudad. Un día antes, su Consejo de Administración, controlado por el consistorio ceutí, se había negado a autorizar esas mismas carpas, pese a que así lo había pedido la Secretaría de Estado de Migraciones.

La Autoridad Portuaria rechazó la medida por considerarla “incompatible con la normal explotación del puerto”

Argumentaba su negativa explicando que la instalación resultaría “incompatible con la normal explotación del puerto”, por lo que procedió a elevar el expediente a Puertos del Estado, que depende de Transportes. Ante esa negativa, el Ministerio ha decidido asumir directamente esa competencia.

Tras el rechazo de la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado emitió un informe favorable a la ocupación. En el documento, Puertos del Estado reconoce que la medida puede ”incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria", pero concluye que existen ”razones de interés general” que justifican conceder la autorización solicitada. El informe añadió que esa autorización se otorga ”sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto".

En ese sentido, la resolución añade que, para reducir ”posibles efectos adversos” sobre el funcionamiento del puerto, el Ministerio de Transportes pedirá la colaboración del Ministerio del Interior. Según el texto, Transportes instará ”su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad".

La ley de puertos, base jurídica de la orden

Según han trasladado a la agencia EFE fuentes del propio departamento, el documento se sustenta en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. Esa norma habilita al Ministerio a autorizar el montaje de las carpas en una parcela de 16.000 metros cuadrados de suelo público portuario.

Las mismas fuentes explican que ha sido “la excepcionalidad de la situación en Ceuta” lo que ha empujado al departamento a hacerse cargo del asunto y atender así la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones, para lo cual se cede una parte de la zona de servicio del puerto que ya tiene uso ciudadano.

Descanso, enfermería y atención social, entre los usos previstos

El texto de la orden precisa el propósito de la ocupación: “La instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”.

Sobre el terreno, esto implicará distintos tipos de estructuras. Según detalla el documento, “la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad”.

Vecinos y empresarios se oponen

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y las asociaciones de vecinos de Junta Obras del Puerto y Parques de Ceuta han pedido que se detengan los trabajos para instalar un espacio temporal destinado a más de 1.000 migrantes en el muelle de Poniente. Ambas partes reclaman que se respete el rechazo expresado el viernes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Ha mostrado su “respaldo firme y sin reservas” a la decisión de la Autoridad Portuaria de Ceuta. En su comunicado, la organización ha pedido al Gobierno y al resto de administraciones que respeten el acuerdo y descarten “cualquier iniciativa para ceder, habilitar o utilizar terrenos portuarios” para este fin.

La patronal admite que la situación migratoria de la ciudad requiere una respuesta, pero sostiene que debe plantearse fuera del recinto portuario. También ha reiterado su oposición a utilizar los terrenos e instalaciones del puerto, incluido el muelle de Poniente, para “un campamento, un centro de acogida o cualquier otra fórmula que suponga destinar espacios portuarios a un asentamiento de inmigrantes”.

La Confederación considera que el puerto “no es un espacio disponible para resolver de forma coyuntural una situación que corresponde abordar a las administraciones mediante otras alternativas”. Añade que se trata de una infraestructura vinculada a la actividad económica, logística y comercial de la ciudad, con tránsito diario de pasajeros y mercancías. Según la CECE, en el recinto trabajan empresas, empleados y operadores relacionados con el transporte marítimo y la logística. La entidad sostiene que la actividad del puerto exige conservar los espacios disponibles y mantener las condiciones de seguridad y movilidad.

Las asociaciones de vecinos de Junta Obras del Puerto y Parques de Ceuta también han exigido la “paralización inmediata” de las obras próximas a ambas barriadas. Los colectivos han expresado su “indignación y profunda preocupación” ante la continuidad de los trabajos. En un comunicado conjunto, los representantes vecinales han recordado que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazó la petición de la Secretaría de Estado de Migraciones. Las asociaciones han señalado que la decisión contó con 11 votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención.

Los vecinos aseguran no comprender “por qué continúan los trabajos si la Autoridad Portuaria ha votado en contra de autorizar dicha ocupación”. También preguntan “cómo pueden seguir adelante unas actuaciones cuando el propio órgano competente sobre ese espacio ha dejado constancia oficial de su negativa”. Las asociaciones indican que llevan varios días movilizándose contra la ubicación elegida para el embolsamiento. A su juicio, las reivindicaciones de los residentes “no pueden seguir siendo ignoradas”. Entre sus peticiones figuran la suspensión de los trabajos, el respeto a la decisión del Consejo de Administración y una explicación pública sobre la continuidad de las actuaciones.