
La situación judicial de Francisco González ha dado un nuevo giro. Tal y como ha adelantado en exclusiva Vanitatis, la causa penal abierta contra el artista ha sido archivada de manera provisional después de que no haya podido ser localizado para prestar declaración en sede judicial.
El procedimiento, que se encontraba en fase de diligencias previas, investigaba un presunto impago de la pensión de alimentos de su hija. Sin embargo, el avance del caso ha quedado detenido por un motivo clave: la imposibilidad de tomar declaración al cantante en calidad de investigado. Una circunstancia que, en términos judiciales, resulta determinante para continuar con la tramitación.
Según las resoluciones a las que ha tenido acceso el citado medio, ni el propio juzgado ni la Policía Judicial han conseguido localizar al intérprete, conocido por temas como Latino. Esta falta de localización ha impedido llevar a cabo una de las diligencias fundamentales del proceso, lo que ha llevado al juzgado a decretar el sobreseimiento provisional.

El auto, fechado el pasado 26 de marzo, recoge que continuar con el procedimiento sin haber escuchado la versión del investigado podría situarle en una posible situación de indefensión. Por ello, se ha optado por paralizar temporalmente la causa hasta que pueda ser localizado y citado formalmente. En consecuencia, el proceso no se cierra, sino que queda en suspenso a la espera de nuevos avances.
Un problema judicial que viene de lejos
Lejos de dar carpetazo al asunto, el juzgado ya ha puesto en marcha nuevas medidas para intentar desbloquear la situación. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha acordado oficiar a la Guardia Civil para que proceda a la localización del cantante. El objetivo es poder practicar su citación como investigado y retomar así el curso de unas diligencias que, por ahora, permanecen paralizadas.
Una vez se produzca dicha localización, Francisco González deberá comparecer en sede judicial dentro de los plazos establecidos. Será entonces cuando podrá prestar declaración y designar defensa, pasos imprescindibles para reactivar el procedimiento penal y esclarecer los hechos investigados.
Cabe recordar que la condición de investigado no implica culpabilidad, sino que forma parte del desarrollo habitual de un proceso judicial. Será el juzgado el encargado de determinar, en su caso, si existen responsabilidades penales. En este contexto, el presunto delito que se investiga —el impago de pensiones— está recogido en el artículo 227 del Código Penal, que contempla penas de prisión de tres meses a un año o multas económicas en caso de acreditarse el incumplimiento.

Este nuevo episodio judicial se suma a una larga historia marcada por los desencuentros entre el cantante y Denia Apolinar, madre de su hija. El origen del conflicto se remonta a 2001, cuando salió a la luz la existencia de la menor. Durante años, el artista negó la paternidad, una postura que mantuvo hasta que en 2006 un juzgado reconoció legalmente a la niña como hija biológica tras la incomparecencia del cantante a las pruebas pertinentes.
Desde entonces, la relación entre ambas partes ha estado marcada por continuos litigios. En 2013, se estableció la obligación de abonar una pensión de alimentos, que con el tiempo ha sido objeto de diversas disputas judiciales. Incluso, en los últimos años, se han adoptado medidas como el embargo de ingresos del artista para garantizar el cumplimiento de dicha obligación.
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