Siete personas han sido detenidas en la localidad de Nules, en Castellón, como integrantes de una red que, según la Guardia Civil, se dedicaba a la trata de seres humanos para su explotación laboral, manteniendo a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud. La operación, denominada ‘Balarama’, ha permitido liberar a las víctimas y desmantelar el entramado delictivo.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, las víctimas, en su mayoría hombres procedentes de países como Nepal, Pakistán o Senegal habían sido captadas mediante falsas ofertas de empleo que prometían “condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención”. Una vez en España, las personas liberadas acumulaban una deuda impuesta por la propia red y vivían hacinadas en viviendas sin agua ni luz, sometidas a jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, sin contrato ni documentación, y con salarios inexistentes o simbólicos.
La investigación ha confirmado que la organización criminal operaba de forma jerarquizada, abarcando desde la captación en los países de origen —a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos directos— hasta la explotación en el sector agrícola en distintas comarcas de Castellón y Valencia. Las víctimas, controladas bajo amenazas, coacciones y agresiones, trabajaban principalmente en la recolección agrícola, en un clima de miedo que limitaba cualquier tentativa de huir, según ha detallado la Guardia Civil.
Cómo operaba la organización
Las condiciones de vida impuestas a los trabajadores eran extremas: los 80 migrantes rescatados convivían en cuatro viviendas propiedad del matrimonio identificado como cabecilla del entramado. Estos domicilios, localizados en Nules, no cumplían requisitos mínimos de habitabilidad y, en muchas ocasiones, carecían de luz y agua potable.
La deuda generada por el viaje y el alojamiento —organizados por la propia red— se descontaba de la supuesta remuneración, que resultaba meramente simbólica. Las víctimas, de veinte a treinta y cinco años, no disponían de ningún documento que regularizara su estancia ni de contrato laboral. Según la Guardia Civil, además de la explotación laboral, la organización dirigida por el matrimonio de origen pakistaní utilizaba empresas y estructuras legales para ocultar parte de la actividad e intentar beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de sus deberes con la Seguridad Social.
Durante la operación, tras meses de investigación coordinada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón y la Fiscalía Provincial, junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios. Siete personas han sido arrestadas; dos de ellas han ingresado en prisión por decisión judicial, mientras que las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, ha precisado la Guardia Civil en sus comunicados intermedios.
El grupo delictivo extendía su actividad por las comarcas de la Plana Baixa y L’alt Palancia (Castellón), así como por el Camp de Morvedre, Camp de Túria y l’Horta Nord (Valencia). La coordinación con entidades sociales, incluyendo Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, ha garantizado la atención a los migrantes liberados, proporcionando asistencia y protección.
*Con información de EFE y Europa Press
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