Las barreras digitales que sufren miles de agricultores y ganaderos españoles dejarán fuera de las ayudas anunciadas por el Gobierno nacional para la compra de fertilizantes agrarios a miles de granjeros. Así lo ha anunciado la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) mediante un comunicado, en el que ha señalado también como impedimento las “trabas burocráticas” que impone el Ministerio de Agricultura a la hora de efectuar la solicitud.
Como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, los precios de los combustibles se han encarecido a nivel internacional, provocando a su vez el aumento del precio de los fertilizantes agrícolas, que dependen en gran medida del mercado del gas, lo que ha llevado al Gobierno a lanzar una serie de ayudas para el sector agrario, que necesita abonar los campos durante la primavera para no perder la cosecha.
Desde la delegación valenciana de Asaja han lamentado que los procedimientos complejos que conlleva de la solicitud de esta ayuda nacional obligará a los agricultores y ganaderos a presentar telemáticamente una declaración responsable en la que, además de contar con una firma digital y entender los pasos informáticos, deberán cumplir con unos ingresos agrarios de al menos 5.000 euros en la declaración de la renta de 2024 y conservar las facturas de compra de abonos durante cuatro años.
Además, la organización agraria ha señalado la desigualdad que existe entre los plazos con los que cuentan los granjeros y ganaderos para presentar la solicitud frente a los que marca el Ministerio para anunciar los beneficiarios. En concreto, Agricultura dispondrá de hasta cuatro meses para publicar las listas de beneficiarios en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) pero solo concederá 15 días hábiles a los agricultores para tramitar la declaración responsable, sin la cual no podrán cobrar la subvención.
La edad media de los agricultores supera los 65 años
“Si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, que lo haga fácil, como hizo con la ayuda de Ucrania, de oficio y sin necesidad de trámites”, ha solicitado Asaja, señalando también que pedir una declaración responsable a través de la sede electrónica del Ministerio, con todas las trabas y requisitos que ello conlleva, “en la práctica estará excluyendo sobre todo a pequeños agricultores y ganaderos mayores, que igualmente están pagando un sobrecoste inasumible”.
La delegación valenciana del sindicato ha destacado que la edad media de la población agraria en Valencia -extrapolable al resto de España- ronda los 65 años y, en muchos casos, supera incluso los 80, por lo que tienen serias dificultades para realizar las gestiones informáticas de la solicitud.
Además, ha recordado que el Gobierno no ha realizado ningún programa formativo para explicar el uso de aplicaciones informáticas ni ha dispuesto oficinas gratuitas de gestión, lo que se suma a las “carencias de cobertura de internet” que existen en numerosas áreas rurales, que imposibilita la gestión de trámites digitales desde las explotaciones y municipios del interior.
Una ayuda “insuficiente” para el fertilizante
Sobre las cuantías que contempla la ley de ayudas al fertilizante, Asaja ha señalado que el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio contempla una ayuda de 55 euros por hectárea en regadío y 22 euros por hectárea en secano, con un máximo de 300 hectáreas por beneficiario y un mínimo de 100 euros, algo que la asociación tacha de “totalmente insuficiente”.
La organización agraria ha alertado de que la escalada de los costes de producción, sobre todo de los fertilizantes nitrogenados y el gasóleo agrícola, ya ha supuesto durante las primeras semanas del conflicto más de 15 millones de euros de sobrecostes en la agricultura valenciana, por lo que consideran “injustificable” que la Administración complique el acceso a unas ayudas que deberían llegar “de manera ágil y directa” a los profesionales del campo y han exigido al Ministerio que adopte un sistema de concesión automática similar al aplicado en la guerra de Ucrania.
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