Un exfutbolista francés que supuestamente vive en Dubái pide 200 comidas a domicilio en París durante un año y termina en la mira de Hacienda: congelan sus cuentas

La administración fiscal francesa ha avanzado en su ofensiva contra el exfutbolista Samir Nasri, asegurando judicialmente una propiedad inmobiliaria que tiene en París y congelando sus cuentas bancarias en el país. Estas medidas buscan garantizar el pago de una deuda estimada en 5,51 millones de euros, según cálculos del propio fisco.

La polémica comenzó con la disputa sobre el lugar de residencia fiscal de Nasri. Las autoridades pusieron en duda su estatus de expatriado en Dubái, argumentando que el centro de sus intereses vitales sigue estando en Francia. Por ello, la administración francesa sostiene que el exjugador del Manchester City y el Sevilla debe responder ante el fisco por 5,25 millones de euros en impuestos sobre la renta entre 2020 y 2022, además de sumas menores relativas al impuesto sobre la fortuna inmobiliaria. Los abogados de Nasri han recurrido la decisión, alegando inseguridad jurídica por la severidad de las medidas adoptadas.

Las autoridades fiscales fundamentan su postura en varios elementos: la propiedad de tres inmuebles en territorio francés, la presencia física de Nasri —con estancias que van de 126 a 208 días al año en Francia entre 2021 y 2023— y la entrega de más de 200 comidas en París durante 2022, lo que, según Hacienda, demuestra que en realidad está viviendo en el país europeo. Además, se menciona su participación como consultor en una cadena de televisión francesa y la tenencia de participaciones empresariales en el país.

El fondo del conflicto radica en determinar si Nasri debe tributar en Francia o si su domicilio fiscal en Dubái es válido. “Es bastante inusual que, incluso antes de la propuesta de rectificación y, más aún, sin un título ejecutivo como un aviso de cobro, la administración fiscal obtenga la autorización para proceder con tales medidas cautelares”, señala un abogado fiscalista citado por el medio francés Les Échos.

En una fase temprana del procedimiento, el tribunal rechazó levantar las medidas preventivas, en parte por la falta de transparencia financiera. La omisión de ocho cuentas bancarias “genera dudas sobre la verdadera voluntad [...] de cumplir con sus obligaciones fiscales en caso de un ajuste”, según figura en la resolución judicial.

Nasri ha alegado en su defensa que sus ingresos de fuente francesa ya tributan en Francia y que, antes de mudarse a Dubái, “el Reino Unido tenía la exclusividad de su fiscalidad antes de su instalación en los Emiratos”. Pero la administración francesa insiste en la relevancia de los vínculos materiales y económicos mantenidos en su país. Así, la administración francesa lanzó en julio pasado esta operación para asegurar el cobro de la suma reclamada. El procedimiento fue confirmado por el tribunal parisino, que optó por mantener el embargo preventivo y la hipoteca a la espera de la resolución definitiva del caso.

Debate jurídico y posibles consecuencias

El caso Nasri se enmarca en una tendencia creciente de litigios sobre la residencia fiscal de figuras públicas que optan por la expatriación a destinos como Dubái. “Desde finales de los años 2010, los Emiratos Árabes Unidos se han vuelto un destino de expatriación bastante común. Por eso, no sorprende que los litigios comiencen a llegar a los tribunales”, ha señalado el abogado Lyès Kaci a Les Échos.

Los expertos subrayan que la decisión adoptada por el tribunal va más allá de lo habitual en este tipo de procedimientos. “Las incautaciones bancarias e inmobiliarias, aunque sean de carácter cautelar, constituyen atentados particularmente graves a los derechos fundamentales de los contribuyentes y, por eso, deben seguir siendo estrictamente excepcionales”, advierte Kaci. El letrado también recalca la importancia de no sacar conclusiones precipitadas: “El fondo de este asunto no está en absoluto resuelto. En este momento sería un poco fácil concluir que su residencia fiscal es francesa, teniendo esencialmente acceso a los argumentos de la administración”.