El “método gallego” con el que la gente se salta los controles policiales: nació en la época del covid y la DGT conoce cómo funciona

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene su preocupación por la proliferación de prácticas que permiten a algunos conductores esquivar controles policiales mediante el uso de aplicaciones móviles. Este fenómeno tiene su origen en los meses más duros de la pandemia de Covid-19, cuando las restricciones a la movilidad impulsaron nuevas formas de comunicación entre ciudadanos.

Durante el confinamiento, especialmente en Galicia, comenzaron a surgir grupos en plataformas de mensajería como WhatsApp o Telegram con un objetivo claro: alertar de la presencia de controles de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales. En aquel contexto, los agentes identificaban a los conductores y exigían justificar sus desplazamientos, lo que incentivó la creación de redes informativas informales entre usuarios.

De herramienta puntual a sistema organizado

Con el fin del estado de alarma y la retirada progresiva de las restricciones sanitarias, estos grupos no desaparecieron. Lejos de diluirse, evolucionaron hacia un sistema más estructurado orientado a informar sobre controles de tráfico habituales. Los avisos comenzaron a incluir la localización de radares, controles de alcoholemia y otras inspecciones, configurando lo que internamente algunos agentes han denominado ya como el “método gallego”.

El funcionamiento es sencillo pero eficaz. Los grupos, a menudo con cientos o incluso miles de integrantes, se nutren de la colaboración constante de sus miembros. Cada vez que un conductor detecta un control, comparte su ubicación en tiempo real, lo que permite al resto evitar la zona mediante rutas alternativas. La inmediatez de estas aplicaciones facilita una difusión casi instantánea de la información.

Este sistema ha tenido un impacto directo en la operativa de las fuerzas de seguridad. Según recoge la información publicada por El Debate, la Guardia Civil detectó que pocos minutos después de instalar un control, el flujo de vehículos descendía de manera significativa. Los conductores, advertidos por los mensajes en estos grupos, modificaban sus trayectos para esquivar los puntos de vigilancia.

Controles cada vez menos efectivos

La consecuencia inmediata de esta práctica ha sido la pérdida de eficacia de los controles. En algunos casos, estos dejaban de cumplir su función apenas cinco minutos después de su puesta en marcha. Una situación que ha obligado a replantear la estrategia de vigilancia en carretera.

Ante este escenario, las autoridades han adoptado medidas concretas. Por un lado, se ha reducido la duración de los controles a menos de diez minutos, con cambios constantes de ubicación para dificultar su detección y difusión. Por otro, se han intensificado las acciones para identificar y sancionar a los responsables de estos avisos.

El marco legal utilizado para estas actuaciones es la Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla sanciones para conductas que puedan interferir en la labor policial. En este caso, informar sobre la ubicación de controles puede considerarse una infracción grave.

Las multas previstas alcanzan hasta los 30.000 euros, una cuantía que ha comenzado a aplicarse en algunos casos. Para ello, los agentes han llegado a infiltrarse en estos grupos de mensajería con el objetivo de identificar a los administradores y a los usuarios más activos.

Como resultado de estas investigaciones, algunos responsables han sido sancionados, mientras que otros han optado por cerrar los grupos ante el riesgo económico y legal que supone su mantenimiento. No obstante, las autoridades reconocen que la actividad no ha desaparecido y que continúan surgiendo nuevos canales de comunicación con el mismo propósito.