Interior aprueba tras 20 años sustituir la comisaría ‘obsoleta’ de Benidorm: los ‘zeta’ aparcan en un hotel y no hay espacio ni para los detenidos ni para la marihuana incautada

Benidorm lleva desde 1972 con la misma comisaría de Policía Nacional. Un edificio que estaba pensado para aportar agentes a una ciudad de unos 25.000 habitantes, pero que con el boom turístico se ha quedado totalmente obsoleta, por lo que desde principios de siglo se lleva prometiendo que se construiría un nuevo edifico. Un proyecto que en 2016 fue cerrado por el Ayuntamiento de Benidorm y llegó a entrar en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado (2019-2025), pero que por una razón a día de hoy desconocida nunca se llevó a cabo.

Aunque no es la primera vez que se promete algo así, esta situación podría cambiar en los próximos años. Según confirman desde el Ministerio del Interior a Infobae, la construcción de esta comisaría está incluida la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE-II), aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros y con el que se van a invertir 900 millones de euros en la reforma o nueva construcción de infraestructuras policiales hasta 2034.

Falta de espacio y malas condiciones

Y es que los agentes que están destinados a la antigua comisaría aseguran que está “fatal”. Se trata de un edificio en pleno centro de Benidorm, por lo que hay mucha falta de espacio. No pueden aparcar los zetas y tienen que hacerlo en un hotel cercano; los calabozos se quedan “cortos de espacio” y cuando se superan los 14 detenidos, hay que llevarlos a policía local; A esto se suma que la oficina de DNI y pasaporte está en un sitio aparte, porque no caben.

Aparte de la falta de espacio la queja también viene con la antigüedad de las instalaciones. Los agentes denuncian que los vestuarios están en la última planta y cuando llueve “se tienen que poner cubos por todos lados para achicar el agua”.

Manuel Soler, actual presidente del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), relata a Infobae que cuando fue destinado a esta comisaría, antes de 2014, las plantas de marihuana que eran incautadas se guardaban en los calabozos, lo que provocó “la aparición de gusanos”.

Por esta razón fueron subidas a la terraza, creando un problema en el que los propios agentes y vecinos de la zona acabaron intoxicados y, tras denunciarlo a los medios, consiguieron que se guardaran en otras dependencias. Sin embargo, este relato es solo un síntoma más del problema de fondo que lleva arrastrando el edificio.

El interés político por encima del de los ciudadanos

Aunque la promesa de esta nueva comisaría viene desde principios de este siglo, la lucha visible por conseguirla comenzó en 2014, cuando se creó la Plataforma Ciudadana 2014, entre el SRP y casi la totalidad de las asociaciones vecinales de esta ciudad.

El alcalde en ese momento, Agustín Navarro (PSOE), vio con buenos ojos este proyecto y decidió hacer un pleno en el que salió aprobado. Así, en 2016, el Ayuntamiento culminó los trámites exigidos por el Ministerio del Interior para la cesión de suelo municipal y se habilitó una parcela de casi 5 000 m² en la zona del Salt de l’Aigua, junto a los Juzgados de la ciudad, donde debía levantarse la nueva comisaría.

En 2017, el Consistorio redactó el proyecto técnico que aceptó el Ministerio del Interior, y al año siguiente esta infraestructura fue incorporada al Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019‑2025 (PLISE), aprobado por el Consejo de Ministros y que contemplaba inversiones para reformar y construir comisarías de Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil con un presupuesto global de alrededor de 600 millones de euros, de los cuales se distribuían 275 millones para comisarías.

Sin embargo, a pesar de esta inclusión en el plan, las obras nunca llegaron a iniciarse. El proyecto, aunque técnicamente redactado y con suelo cedido, fue retirado o quedó sin consignación efectiva en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y años posteriores, lo que, según las respuestas del Ejecutivo a preguntas parlamentarias, se debió a factores coyunturales como el incremento de costes y priorización de otras actuaciones, que obligaron a reprogramar o sacar algunos proyectos del plan inicial.

En junio de 2024, el senador del Partido Popular Agustín Almodóbar denunció públicamente que la nueva comisaría había sido excluida del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019‑2025, a pesar de contar con parcela y proyecto redactado, y criticó lo que calificó de “ninguneo” a Benidorm por parte del Gobierno central.

Para Soler la causa real detrás de la negativa de llevar a cabo este proyecto es clara: “Están por encima los intereses políticos, de poder apuntarse el tanto de inaugurar el edificio, de los intereses de los agentes y los propios ciudadanos”. Sin embargo, con este nuevo anuncio y la inclusión del proyecto dentro del PLISE II, podría ser el primer paso para poner fin a esta complicada situación.