Las víctimas de la Dana llevan 16 meses de lucha en las calles y en los tribunales. Este sábado 28 de marzo, más de 200 organizaciones, entre colectivos cívicos, sociales, sindicatos, asociaciones de víctimas y comités locales de emergencia y reconstrucción, se volverán a manifestar en Valencia para reclamar que Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, renuncie a su escaño y acuda a declarar ante los juzgados de Catarroja, tal y como le ha pedido la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra.
La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de octubre confía en que Mazón tenga “la honorabilidad que no ha tenido durante estos casi diecisiete meses y decida aportar luz y verdad” ante la jueza. Como testigo, el expresidente está “obligado a decir la verdad”, ha expresado Rosa Álvarez, presidenta de la asociación, quien se pregunta si realmente ”lo hará o seguirá instalado en la mentira permanente”.
A mediados de este mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana concluyó que no existían indicios suficientes para imputar al expresidente regional, por lo que remitió el caso de nuevo a la jueza de Catarroja para que continuara su investigación. Así, el pasado martes la magistrada acordó citar como testigo, aún sin fecha, a Mazón, después de haberle ofrecido en tres ocasiones la posibilidad de declarar voluntariamente, si bien el político siempre se ha negado. El exmandatario mantiene su condición de aforado por su escaño en Les Corts Valencianes.
En el mismo auto en que ordena la citación de Mazón, la jueza incluye también la declaración, sin fecha fijada, de Ruth Merino, quien era portavoz del Consell en aquel momento, además de exconsellera de Hacienda y actual secretaria autonómica de representación ante la UE y las comunidades autónomas. La magistrada solicita, además, a los alcaldes de Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent que entreguen de manera voluntaria al juzgado los registros de llamadas y mensajes del 29 de octubre de 2024 con autoridades —incluido Mazón— y miembros del Cecopi. En otro auto, exige a la Asociación de Damnificados Dana Alfafar/Horta Sud una fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular.
Víctimas que se sienten excluidas
Mientras avanza la investigación judicial, víctimas de la dana como Meri García, quien perdió a su padre, o Yoli, cuyo sobrino también falleció, junto con la asociación Unión del Pueblo 29, han quedado fuera de la Comisión de Investigación creada en el Congreso para analizar la tragedia, cuando otras organizaciones “sí han sido invitadas a participar”. Desde Unión del Pueblo 29 consideran que esta exclusión es “injusta y preocupante” y advierten que, si la investigación se fragmenta, se limita a determinadas zonas o se deja fuera a quienes promovieron el proceso, se reducen las posibilidades de esclarecer por completo lo ocurrido.
La dana causó 237 muertes y provocó inundaciones de gran magnitud, así como importantes daños materiales en varias localidades de la Comunidad Valenciana. La catástrofe puso en el centro del debate público la gestión de las emergencias y la respuesta de las instituciones ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad han ido en aumento en los últimos años.
El impacto del temporal evidenció la vulnerabilidad de la región frente a este tipo de episodios y la necesidad de revisar los protocolos de actuación.
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