Los huérfanos de la violencia de género, las víctimas que se enfrentan al desamparo familiar y económico: “Mis abuelos nos criaron sin apenas ayudas”

Nayara apenas guarda recuerdos de su madre, Patricia Maurel. Tenía tan solo tres años cuando, en 2003, su padre la asesinó a tiros en la provincia de Teruel, un crimen por el que fue condenado a 18 años de cárcel. Tanto ella como sus dos hermanos, que entonces tenían 5 y 7 años, se quedaron al cargo de sus abuelos maternos, que se enfrentaron a grandes dificultades, tanto emocionales como económicas, e incluso tuvieron que luchar para evitar que la custodia pasara a la hermana del feminicida. El apoyo institucional que los tres menores recibieron entonces fue muy limitado, cuenta Nayara a Infobae, por eso destaca la importancia de ayudas como las becas Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres, que brindan apoyo a hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género y que, en su caso, le permitieron estudiar integración social y continuar su formación en Zaragoza.

La orfandad a consecuencia de un feminicidio es una situación de riesgo de pobreza infantil que se manifiesta en la totalidad de los casos, según recoge un informe la fundación, ya que habitualmente pierden a sus principales proveedores de recursos. La mayoría de huérfanos y huérfanas se quedan al cuidado de otros miembros de la familia y, cuando se trata de los abuelos y abuelas, es habitual que utilicen sus pensiones de jubilación o no contributivas, prestaciones económicas que suelen ser “insuficientes para atender las obligaciones de crianza a medio y largo plazo”.

Cuando asesinaron a la madre de Nayara, sus abuelos todavía no se habían jubilado, pero aún así atravesaban una situación económica precaria: él trabajaba en la construcción y ella se encargaba de las tareas de la casa, y tuvieron que asumir todos los gastos y cuidados de los tres nietos. El padre de Nayara nunca pagó los más de 300.000 euros de indemnización que la justicia fijó como responsabilidad civil para sus hijos.

“No tenemos palabras para agradecer a mis abuelos cómo se han portado, porque además de mover cielo y tierra para que la hermana de mi padre no se quedara con nuestra custodia, tuvieron incluso que llevarnos hasta la cárcel para visitarle, porque estaban obligados a hacerlo, lo que ahora a nadie en su sano juicio se le ocurriría”, relata Nayara, que recuerda que “un maltratador nunca es un buen padre”.

Su abuela suele decir que los nietos la han ayudado en todo, pero ella insiste en la dificultad de sacar adelante a tres niños pequeños con pocos recursos económicos. “Imagina lo que supuso hacerse cargo de nosotros sin apenas ayuda. Lo han pasado muy mal, siempre con problemas para llegar a fin de mes, porque, además, la pensión por orfandad la empezamos a cobrar mi hermano mediano y yo siendo ya adolescentes, mientras que a mi hermano mayor ni le tocó”, añade la joven, que ahora tiene 26 años.

En ese contexto, las becas Soledad Cazorla marcaron la diferencia para Nayara, que reconoce que sin esa ayuda no habría podido continuar sus estudios. Este programa, gestionado por la Fundación Mujeres, nació en 2016 por iniciativa de la familia de Soledad Cazorla, primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, y en estos diez años ha acompañado a 79 familias y concedido 288 becas a 135 menores. Nayara también destaca el acompañamiento y el apoyo continuado de la fundación, que sigue en contacto con su familia y la invita a los encuentros del programa. “Siguen pendientes de nosotros y se preocupan por cómo estamos”, asegura.

Las becas, con un importe máximo de 2.200 euros y renovables hasta tres años, han facilitado que numerosos beneficiarios prosigan su formación académica y profesional. El Fondo también ha fortalecido el apoyo emocional a las familias con ‘Escucha su voz’, un encuentro anual que reúne a niños y familiares afectados por la violencia machista en diferentes ciudades, creando un espacio seguro para compartir vivencias y reducir el aislamiento.

Desafíos pendientes

Entre los retos pendientes, explica la Fundación Mujeres, destaca la necesidad de mejorar la recopilación de datos para conocer el número real de huérfanos y el alcance de las ayudas concedidas, así como garantizar que todas las víctimas reciban el mismo nivel de apoyo, sin diferencias según la comunidad autónoma. También reclaman que los hijos e hijas mayores de 18 años sean reconocidos como víctimas de violencia de género, ya que las estadísticas actuales no los incluyen, “y eso supone el olvido”.

La organización solicita, asimismo, un protocolo de actuación inmediata tras el crimen machista para que las familias puedan acceder más fácilmente a la información sobre ayudas y acceso a la justicia gratuita.

En menos de tres meses 14 mujeres han sido asesinadas

Solo en lo que va de año, hasta el 23 de marzo, 14 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años, lo que eleva el total de feminicidios a 1.357 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. Estos feminicidios han dejado doce menores huérfanos en 2026, una cifra que asciende a 516 desde 2013.

Además, en lo que va de año tres menores han sido asesinados por sus padres. El último de estos crímenes vicarios se produjo el pasado viernes 20 de marzo en Torrevieja, Alicante, donde un hombre de 40 años mató a su hija, de tres.

El último feminicidio se produjo en Zaragoza el sábado 21, en plena calle, cuando un hombre se acercó a la peluquería de su expareja, una mujer de 42 años, y antes de que ella pudiera abrir el local, le disparó cuatro veces. Tanto en el asesinato de la niña como en este, los agresores se suicidaron, una situación que se da en algo más del 40% de estos casos, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Igualdad.

El padre de Nayara también entra dentro de esa estadística, pero no por el caso de su madre. Por este crimen, el hombre estuvo preso en la cárcel de Teruel entre 2003 y 2013, año en el que fue trasladado a un centro de inserción, y en 2017 obtuvo la libertad condicional. Sin embargo, dos años más tarde, en 2019, asesinó a la abogada penalista que le defendió en aquel juicio, Rebeca Santamalia, con quien mantenía una relación sentimental. Fue tras ese segundo crimen cuando él se suicidó.