Racismo y altos precios: el doble muro que enfrentan las personas migrantes que buscan casa en España

Encontrar una vivienda en España se ha convertido en una misión casi imposible para miles de ciudadanos, un desafío que se multiplica en el caso de la población migrante: a los precios elevados y la escasez de pisos, se suma la discriminación racial, un factor que restringe aún más sus posibilidades. En ese sentido, la ONG Accem ha advertido sobre el aumento de casos de discriminación y delitos de odio que sufren las personas migrantes y refugiadas en España, de forma que solo en 2025 la organización registró 358 incidentes en ámbitos como la vivienda, la atención sanitaria y el empleo.

Desde Accem han observado un aumento de casos en los que las familias migrantes encuentran obstáculos para alquilar una casa. Muchos propietarios o intermediarios inmobiliarios, explica la ONG, rechazan solicitudes de alquiler de personas extranjeras, a menudo mediante argumentos encubiertos como la supuesta falta de cumplimiento de requisitos o la disponibilidad repentina de la vivienda. La discriminación, por tanto, no siempre es explícita, “lo que dificulta la denuncia y el acompañamiento a los afectados”

El informe anual del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), del que Accem forma parte, contabilizó en 2024 un total de 2.913 casos de asistencia a víctimas de discriminación racial, un 12% más que en 2023. El acceso a la vivienda ocupa el cuarto lugar entre los ámbitos donde se produjeron más incidentes, con 278 casos, solo por detrás de la denegación de acceso a bienes y servicios, el empleo privado y los servicios de salud.

Esa realidad tiene rostros concretos como el de Redouane, un ingeniero informático marroquí que contaba en esta entrevista con Infobae cómo pese a demostrar solvencia económica, su origen terminaba siendo el factor decisivo para que inmobiliarias o particulares le rechazaran: “Siempre preguntan de dónde soy y, en cambio, no se interesan por mi trabajo ni mis nóminas”, lamentaba.

Los requisitos cada vez más exigentes restringen su autonomía

Todos esos requisitos y condiciones cada vez más complejos restringen, según denuncia Accem, la autonomía de las personas migrantes y refugiadas, dificultando la posibilidad de que construyan una vida independiente. “Garantizar el acceso a una vivienda digna no es solo una cuestión de necesidad, sino de derechos”, subraya la entidad en un comunicado.

Durante 2025, Accem gestionó programas específicos para el acompañamiento de víctimas de discriminación racial y étnica, con 172 casos atendidos a través de su Servicio de Asistencia y Orientación, 68 por delitos de odio y 118 en el marco de acciones de prevención y empoderamiento. El trabajo de la organización incluye asesoramiento jurídico, mediación y formación para el acceso y mantenimiento de la vivienda, así como campañas de sensibilización dirigidas a agentes públicos y privados del sector inmobiliario.

Por todo ello, la entidad recuerda que garantizar el derecho a la no discriminación “exige el compromiso de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la puesta en marcha de políticas públicas”, al tiempo que destaca que el acceso a la vivienda debe estar libre de restricciones vinculadas a la nacionalidad, el origen étnico o el color de la piel.