La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizar la sanción que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso en diciembre de 2025 a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos por infracciones en la publicación de anuncios de este tipo de viviendas.

De esta forma se confirma que la plataforma tendrá que pagar los 64.055.311 euros previstos en la multa del ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

El conflicto comenzó cuando el Ministerio de Consumo detectó un total de 65.122 anuncios irregulares publicados en la plataforma Airbnb, que ya fueron retirados en julio de 2025 tras la intervención del propio departamento. Estas publicaciones incumplían diversas normativas en materia de protección a los consumidores, lo que derivó en la imposición de varias sanciones firmadas por el propio ministro.

Anuncios de viviendas sin licencia

Entre las irregularidades más relevantes figuran prácticas comerciales desleales dirigidas a personas consumidoras y usuarias, tipificadas como infracción en la letra M del artículo 47.1 del TRLGDCU. En este ámbito, se constató la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

Asimismo, se detectaron anuncios que incluían números de licencia o registro que no se correspondían con la numeración oficial utilizada por los registros, así como publicaciones sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye una práctica de publicidad engañosa.

Por estos motivos, el Ministerio de Consumo impuso una sanción por infracción grave cuyo importe asciende a 63.980.311 euros, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el periodo en que los anuncios permanecieron publicados desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta su retirada por la plataforma.

Airbnb no respondió a los requerimientos de Consumo

El expediente también recoge otras infracciones. En primer lugar, el incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia, tipificado en la letra T del artículo 47.1 del TRLGDCU, al omitirse información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión de los alojamientos turísticos anunciados en la plataforma. Esta infracción fue considerada leve y sancionada con una multa de 10.000 euros.

En segundo lugar, se apreció obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección, en virtud de la letra I del artículo 47.1 del TRLGDCU, debido a que la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción del expediente. Esta conducta también fue calificada como infracción leve y sancionada con 10.000 euros.

Por último, el Ministerio detectó el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o perjuicios para consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente. Esta infracción, recogida en la letra O del artículo 47.1 del TRLGDCU, fue considerada grave y sancionada con 55.000 euros.

Airbnb recurrió la sanción ante la justicia, lo que supuso la suspensión temporal de la obligación de hacer frente al pago de la multa. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por la empresa, mediante la cual solicitaba la suspensión del pago hasta la resolución definitiva del procedimiento. Tras esta decisión, la compañía aún puede interponer un recurso de reposición ante el mismo tribunal.

El Gobierno celebra el fallo y advierte a las empresas que se beneficien de la crisis: “Van a pagar”

La reacción del Gobierno ha llegado de la mano del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha celebrado que la decisión judicial es “un paso importante”. "Los pisos turísticos sin licencia son una afrenta al derecho constitucional de la vivienda. Haciendo las cosas bien, los hemos sancionado. Lo más importante es que se refrenda el principio de que ninguna empresa, por grande y poderosa que sea, está por encima de la ley“, ha señalado en una entrevista para TVE.

Así, el ministro de Sumar ha aprovechado el fallo judicial para lanzar un mensaje a las empresas que “pretendan lucrarse” de la crisis derivada de la guerra en Irán, advirtiendo que “pagarán” de igual manera. “Paso a paso se puede avanzar y defender los intereses de la gente común frente a los intereses de un puñado de especuladores que se están forrando”, ha sentenciado.