Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

La gestión del patrimonio hidráulico español ha encendido las alarmas entre los profesionales del sector. La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha reclamado al Gobierno medidas urgentes ante el deterioro de las infraestructuras hidráulicas y el riesgo potencial que presentan numerosas presas en España.

La petición se trasladó en una reunión que la Asociación de Ingenieros mantuvo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora general del Agua, María Dolores Pascual, a quienes expusieron sus principales preocupaciones en relación con la gestión del patrimonio hidráulico. Los profesionales incidieron en los aspectos que se consideran más urgentes, teniendo en cuenta, a su juicio, “el riesgo potencial de un número significativo de presas en España”.

Entre las principales preocupaciones de estos profesionales, destaca la modificación de la legislación vigente, la situación y cualificación del personal responsable de la seguridad de las presas y las inversiones más urgentes para mejorar las infraestructuras hidráulicas.

Los ingenieros han defendido el patrimonio hidráulico español y la necesidad de conservarlo para garantizar una correcta gestión hídrica y mantener la generación de energía renovable. Para ello, han subrayado la necesidad de un fuerte incremento de la inversión en recursos humanos y materiales, desde un enfoque multidisciplinar, para garantizar la conservación de las infraestructuras hidráulicas.

Un patrimonio en riesgo

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es el proceso en marcha para extinguir concesiones hidroeléctricas sin plantear alternativas. Según denuncian, las Confederaciones Hidrográficas están impulsando expedientes de extinción de los aprovechamientos hidroeléctricos según finalizan las concesiones, emitiendo requerimientos de demolición sin abrir nuevos concursos ni evaluar de manera integral su impacto.

Esta política, advierten, podría “poner en riesgo la continuidad de presas que siguen desempeñando funciones esenciales en la gestión del agua, la prevención de desastres y la producción de energía renovable”. Citan los expedientes de demolición de las presas de La Retorna y Los Toranes.

Los ingenieros consideran que eliminar estas infraestructuras sin un análisis técnico riguroso puede tener efectos negativos tanto en la gestión del agua como en el equilibrio energético del país.

Falta de personal y reformas urgentes

La asociación pide al Gobierno que se lleven a cabo medidas para revertir la situación. Entre ellas, la incorporación de 80 nuevos ingenieros en las confederaciones hidrográficas y sus comisarías, con el objetivo de reforzar la capacidad técnica de estos organismos.

También solicitan elevar el rango institucional de las confederaciones, de modo que su presidencia tenga categoría de Dirección General y la Comisaría de Aguas alcance el nivel de Subdirección General. En ambos casos, defienden que estos puestos deben estar ocupados por ingenieros especializados.

Además, plantean cambios legislativos relevantes, como la modificación del artículo 57 de la Ley de Aguas para revisar el papel del caudal ecológico, así como la aprobación de una orden ministerial pendiente sobre la capacidad técnica exigida en materia de seguridad de presas.

Planes de emergencia y presas en situación crítica

Otra de las demandas prioritarias es la implantación urgente de planes de emergencia en zonas especialmente vulnerables, como el Levante, las cuencas del Júcar y del Segura. En total, proponen activar 46 planes en el primer año.

Asimismo, los ingenieros han identificado decenas de presas con problemas estructurales o hidráulicos que requieren intervención inmediata. En concreto, alertan sobre 23 presas con deficiencias de seguridad en condiciones normales y otras 24 que tienen problemas estructurales e hidráulicos.

A ello se suma la necesidad de modernizar los sistemas de auscultación —los mecanismos que permiten monitorizar el estado de las presas— para prevenir fallos y garantizar una gestión más segura y eficiente.

Energía hidráulica, la gran baza para afrontar las consecuencias de la guerra

Más allá de la seguridad, el debate sobre las infraestructuras hidráulicas está directamente vinculado al futuro energético de España. Según los datos aportados por el sector, en 2025 el 55,5% de la electricidad generada en el país procedió de fuentes renovables.

Se trata de un porcentaje muy importante, y más tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado la subida en vertical del precio del gas y de la electricidad. En este escenario, España puede afrontar mejor la subida del precio de la energía que otros países de la UE debido a su despliegue de energías renovables.

Dentro del mix de las renovables, la energía hidráulica representó el año pasado un 12,4%, una proporción menor que la eólica o la solar, pero con una ventaja clave: su estabilidad. Frente a la variabilidad de otras fuentes, las presas permiten regular la producción y garantizar el suministro.

Este papel será aún más relevante si se cumplen los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé alcanzar un 81% de generación renovable en 2030. Para lograrlo sin comprometer la estabilidad del sistema, los ingenieros insisten en la necesidad de apostar por tecnologías como el almacenamiento hidroeléctrico.

Energía estable y soberanía energética

El sector subraya que la energía hidráulica no solo es renovable, sino también estratégica. Permite reducir la dependencia de terceros países, estabilizar los precios y almacenar energía a gran escala mediante sistemas de bombeo reversible.

Esto es posible porque estas centrales funcionan como grandes baterías: almacenan energía en momentos de baja demanda y la liberan cuando aumenta el consumo, contribuyendo así al equilibrio del sistema eléctrico.

Por ello, los ingenieros defienden que la gestión del agua no puede desvincularse de la planificación energética ni del desarrollo territorial. A su juicio, se trata de una cuestión transversal que requiere una visión global.