La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que suman hasta 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, en el marco del denominado caso Cenyt, según ha adelantado Expansión. El Ministerio Público le acusa de haber impulsado la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para realizar presuntas labores de espionaje a empresarios, políticos y periodistas durante más de una década.
De acuerdo con la información publicada por Expansión, la petición de condena se desglosa en cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho activo y 168 años adicionales por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con una pena de cuatro años por cada uno de ellos. La elevada suma responde a que este último delito no permite aplicar la continuidad delictiva, lo que obliga a computar cada infracción por separado.
El escrito de acusación, fechado el pasado 10 de marzo y firmado por la fiscal Elisa Lamelas, llega después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avalase en febrero la apertura de juicio oral contra el exbanquero, la propia entidad financiera y una docena de personas, entre antiguos directivos del banco y ex altos mandos policiales. La decisión del tribunal supuso respaldar la investigación desarrollada por el juez instructor Manuel García-Castellón, que dio por concluida esta pieza en 2024.
La Audiencia avala la tesis del instructor
El magistrado consideró entonces que existían indicios suficientes de que BBVA, bajo la presidencia de González, recurrió a la empresa Cenyt —vinculada a Villarejo— para ejecutar distintos encargos de carácter presuntamente ilegal entre 2004 y 2016. Según las conclusiones de la instrucción, estos trabajos incluían la obtención de información confidencial sobre empresarios, responsables políticos y profesionales de los medios de comunicación.
La Sala de lo Penal ratificó esta línea al rechazar los recursos presentados por las defensas y confirmar que los acusados debían sentarse en el banquillo. En sus resoluciones, los magistrados respaldaron la interpretación de García-Castellón, que otorgó un papel central a Francisco González en la toma de decisiones. De acuerdo con el instructor, los audios intervenidos durante la investigación “ponen de manifiesto” que el entonces presidente del BBVA conocía y autorizaba las actuaciones desplegadas por la trama, además de ser el destinatario de los informes elaborados.
El tribunal también puso el foco en los mecanismos de control interno de la entidad. Según la Audiencia Nacional, el sistema de prevención de delitos del banco no resultaba eficaz, al dejar fuera de supervisión a la alta dirección. Esta circunstancia habría permitido, a juicio de los magistrados, la comisión de delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de la entidad.
Multas millonarias
En el caso del excomisario José Manuel Villarejo, la Fiscalía solicita 216 años de prisión por delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos, con el agravante de haber actuado en su condición de funcionario público. Tal y como recoge Expansión, el Ministerio Público le atribuye un papel central en la ejecución de los encargos realizados a través de su empresa Cenyt, considerada el eje de la operativa investigada.
La acusación de la Fiscalía no se limita al expresidente de BBVA, sino que también se dirige contra la propia entidad como persona jurídica. En este sentido, el Ministerio Público reclama, según detalla Expansión, una multa total de 181,1 millones de euros. Esta cifra se divide en nueve millones por un delito de cohecho —calculados a razón de 5.000 euros diarios durante cinco años— y otros 172,8 millones por 48 delitos de revelación de secretos, con el mismo importe diario durante dos años por cada uno de ellos.
Junto a González y Villarejo, la causa incluye a otros antiguos responsables del banco y a ex mandos policiales. Entre ellos figura el exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, considerado por los investigadores como el enlace entre la entidad y el comisario. Según sostiene Anticorrupción, a través de él se habrían canalizado los encargos a la empresa Cenyt, por lo que se piden 243 años de prisión, la pena más alta.
Las pesquisas también han apuntado a que el banco habría abonado varios millones de euros por estos servicios, en el marco de una relación que se prolongó durante más de una década. En fases anteriores del procedimiento, la investigación ya puso el foco en operaciones concretas, como el seguimiento a empresarios vinculados a movimientos corporativos que afectaban a la entidad.
La Fiscalía recuerda que, pese a la elevada suma de las penas solicitadas, el cumplimiento efectivo en caso de condena estaría limitado por ley. Tal y como recogen fuentes jurídicas citadas por Expansión, el tiempo máximo de prisión no podría superar el triple de la pena más grave impuesta, lo que en este caso situaría el límite en torno a los 15 años.
El procedimiento se encuentra a la espera de la celebración del juicio oral, una vez superada la fase de instrucción y formalizadas las acusaciones contra los implicados en esta pieza del caso Tándem.
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