La Justicia aprueba la incapacidad permanente total a una ayudante de cocina que fue operada de un tumor en la espalda y necesita andador

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la incapacidad permanente total de una ayudante de cocina de 64 años que, tras ser intervenida de un meningioma dorsal, quedó con secuelas que le impiden volver a ejercer su profesión. El fallo obliga a la Seguridad Social a concederle una pensión vitalicia del 75% de la base reguladora, tras años de disputa administrativa y judicial.

La sentencia ha rechazado el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, validando la resolución previa que ya reconocía la incapacidad de la trabajadora. El tribunal ha considerado probado que las limitaciones funcionales de esta mujer —dificultades para caminar, disfunción miccional y necesidad de apoyos constantes para moverse— resultan incompatibles con las exigencias de su puesto como ayudante de cocina.

La historia de esta trabajadora comenzó a torcerse en noviembre de 2022, cuando fue intervenida quirúrgicamente para extirparle un meningioma dorsal que comprimía gravemente su médula espinal. Tras la operación, permaneció ingresada para rehabilitación y, al recibir el alta en diciembre de ese mismo año, necesitaba un andador para desplazarse.

Las secuelas eran incompatibles con su trabajo

Durante los meses siguientes, su situación física apenas experimentó mejoras: las revisiones médicas constataron una marcha inestable y episodios de dolor persistente en la espalda y la zona pélvica. La paciente también desarrolló una disfunción miccional neurógena, pendiente de tratamiento, que incrementó su dependencia y las limitaciones en su día a día.

A lo largo de 2023 y 2024, la mujer siguió un intenso programa de fisioterapia y revisiones por parte de especialistas en neurocirugía, urología y rehabilitación. Los informes médicos reflejaron una evolución marcada por la imposibilidad de mantenerse en pie sin apoyos. El diagnóstico final indicó mielopatía residual, problemas para caminar y problemas urinarios, que son secuelas directamente relacionadas con la cirugía del tumor. A pesar de estas limitaciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó en marzo de 2024 una resolución denegando la incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. La reclamación previa presentada por la trabajadora fue rechazada en julio de 2024.

Ante la negativa administrativa, la afectada inició un proceso judicial que concluyó con una primera sentencia favorable dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Santander el 21 de julio de 2025. La resolución reconoció la incapacidad permanente total, al entender la imposibilidad real de la trabajadora para el ejercicio normal de las tareas propias de su oficio. La Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social recurrieron la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha confirmado de manera íntegra la sentencia de instancia.

El tribunal ha considerado que, en el caso de una ayudante de cocina, el uso de un bastón y la inestabilidad al caminar imposibilitan el desarrollo normal de la actividad laboral con los mínimos de eficacia y rendimiento exigibles. La sentencia, que ya ha sido notificada a las partes y a la Fiscalía, puede ser recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo en un plazo de diez días hábiles desde la notificación.