Andalucía propone a 2.500 profesores jubilados que vuelvan a las aulas para realizar labores de asesoramiento y formación sin cobrar

El Consejo de Gobierno andaluz ha dado luz verde al nuevo decreto que regula la figura del “profesorado emérito colaborador en centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios”, además de establecer la Red ‘Comparte Experiencia’ en la que se enmarca el proyecto. El propósito, según la información facilitada por la propia Junta de Andalucía, es canalizar la experiencia del profesorado jubilado para que continúe aportando valor al sistema educativo de la comunidad, pero sin ningún tipo de remuneración.

El programa establece que podrán participar hasta 2.500 colaboradores anuales, que no percibirán compensación económica ni ocuparán plazas docentes en activo. Los aspirantes deberán estar jubilados —excepto por incapacidad permanente—, tener menos de 75 años y contar con al menos 15 años de experiencia en la enseñanza en centros públicos o concertados no universitarios de Andalucía. Según la Junta, la cobertura incluye un seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil, además de acceso gratuito a espacios culturales en igualdad de condiciones con el personal en activo.

En virtud de este decreto, estos profesionales podrán reincorporarse a los centros educativos para actividades ligadas al asesoramiento, la formación docente y la colaboración en proyectos complementarios, sin asumir tareas propias del profesorado en activo. La Junta de Andalucía ha precisado que el objetivo es, por un lado, reconocer la dilatada carrera docente y, por otro, fortalecer la cooperación “sin que esto suponga una reducción del número de docentes” en los centros.

Este profesorado, tal y como detalla el artículo 6 del decreto, no ostenta derechos laborales, no puede asumir funciones reservadas a los docentes en plantilla ni devenga salario alguno por su actividad: “El desarrollo de las funciones como profesorado emérito colaborador no conferirá derecho a ocupar puestos de trabajo, ni a desempeñar funciones propias del profesorado en activo, ni a recibir retribuciones por su desempeño”, según recoge el mencionado.

Entre las opciones para prestar colaboración se distinguen dos modalidades: la ‘Vía abierta’, en la que el docente jubilado propone un proyecto abierto a cualquier centro andaluz, y la ‘Vía concreta’, orientada a un centro específico. Las propuestas serán evaluadas y gestionadas por una comisión autonómica y ocho comisiones provinciales, organismos responsables de la transparencia y el buen funcionamiento del proceso.

La cifra que marca la magnitud del programa y las funciones que podrán asumir

Según el decreto, la cifra máxima anual será de 2.500 docentes eméritos participantes, con una convocatoria de solicitudes que se abrirá cada año del 1 al 30 de junio tanto para los profesionales interesados como para los propios centros educativos.

El catálogo de funciones a desarrollar se extiende desde la dinamización lectora y la gestión de bibliotecas escolares, hasta la organización de charlas, talleres o conferencias, el apoyo en actividades extraescolares y la mentoría a docentes y alumnos en prácticas. Además, se contempla la colaboración en la innovación educativa, la orientación académica, planes de mediación de conflictos, participación en publicaciones escolares o redes sociales del centro, así como el impulso de proyectos para internacionalización y competencias en lenguas extranjeras. En todos los casos, las actividades asignadas deberán ajustarse al plan de centro y contar con aprobación del equipo directivo.

La Junta de Andalucía ha defendido, según se recoge en la normativa, que este sistema “no pretende establecer una vía adicional de remuneraciones para los miembros de este colectivo, ni contratarlos como personal en activo”. La intención declarada es aprovechar el conocimiento sénior para fortalecer la calidad del sistema educativo sin merma para la plantilla actual, articulando la colaboración mediante la Red ‘Comparte Experiencia’.

El control y supervisión del programa queda en manos de la comisión autonómica y las provinciales, que gestionarán tanto la aprobación de los proyectos presentados como las solicitudes de los centros. Según la Junta de Andalucía, con esta iniciativa la comunidad se sitúa “a la vanguardia del aprovechamiento del talento sénior”, promoviendo la convivencia intergeneracional en el ámbito educativo y contribuyendo al reconocimiento público de la profesión docente.