
El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso concedió en septiembre de 2022 una subvención de 1,6 millones de euros (procedentes de fondos europeos) a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Madrid (ASAJA Madrid). El objetivo es que esta organización realizara “actuaciones de asesoramiento y formación al sector agrario” para el periodo 2023-2027 “que permita hacer frente al reto demográfico y contribuyan a la revitalización del medio rural y de los pequeños municipios de la región”. El convenio que se firmó estimaba ayudar a 800 agricultores y ganaderos. Casi cuatro años después, el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid denuncia que el 33% de esa ayuda, 527.000 euros, han acabado misteriosamente en una empresa radicada en Tallín, la capital de Estonia.
La empresa se llama Iasustainable Oü y está administrada por Esteban Hernando Martínez, que también tiene cargos en varias sociedades radicadas en Fuenlabrada, como Verlife Salud (que comercializa desfibriladores), ESP Mask (productos sanitarios) y Soy de Madrid (un medio de comunicación). De hecho, Hernando es el director de este medio. “Este convenio fue un regalo para una asociación en concreto, ASAJA, pensando únicamente en su promoción. La Comunidad no hizo un proceso de libre concurrencia para que otros colectivos agrarios pudieran optar a esta subvención. Fue una cacicada”, denuncia José Luis García, diputado socialista, que acaba de llevar este asunto a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea. “Además, parte de dinero acabó en Estonia. ¿Por qué? Irse a Estonia para buscar una empresa que haga una aplicación digital. Alguien tiene que dar explicaciones”, continúa García.
El convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y ASAJA incluía un asesoramiento individualizado para unos 800 agricultores que reciben las ayudas europeas PAC y que deben “cumplir con unos compromisos medioambientales, climáticos y sociales”. En particular, este asesoramiento debía centrarse “en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y de seguridad y salud en el trabajo”, según el texto del convenio. Para ello, debía desarrollarse una aplicación informática para que los agricultores puedan elaborar su “cuaderno de campo”, una especie de registro obligatorio y detallado de todas las actividades, tratamientos fitosanitarios, riegos y fertilizaciones realizados en una explotación agrícola. Esa aplicación la hizo Iasustainable Oü.
“No me acuerdo cuánto nos pagaron”, rememora Esteban Hernando para este diario. “Es una aplicación hecha con IA para gestionar el cuaderno de campo y libro de explotación”, señala el empresario, que tampoco recuerda ya cómo se llama la aplicación. ¿Por qué se hizo desde una empresa de Estonia? “Tengo allí muchas sociedades y en Madrid tampoco hay muchas firmas dedicadas a la IA, las que hay son muy grandes y son muy caras. Mi precio era de lo más barato”, asegura. Francisco José García Navarrete es el presidente de ASAJA Madrid y quien firmó el convenio. “No conocía al empresario que nos hizo la aplicación. Pedimos varias ofertas, como marcaba el convenio, y elegimos la que creíamos la mejor, que sí estaba en Estonia y nos costó ese dinero, unos 527.000 euros”. La APP se llama ‘Asaja Madrid’ y García Navarrete no sabe cuántos agricultores y ganaderos se la han descargado. “Sigue en uso y seguimos dando la formación sobre esta aplicación, que tiene varias funciones. Sirve para que los agricultores gestionen su cuaderno de campo y los ganaderos, su libro de explotación.
La asociación mayoritaria
ASAJA es la asociación mayoritaria del sector, creada en 1989. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene 13 de los 25 vocales de la Cámara Agraria. La Consejería de Economía justificó su elección porque esta representatividad les permitía “llevar a cabo las actuaciones previstas de acuerdo con los objetivos, y llegar a 800 destinatarios”, no todos necesariamente socios de Asaja, ya que “el proyecto estaba abierto a la participación de todos los agricultores, ganaderos y silvicultores del medio rural de todo el territorio de la Comunidad de Madrid que puedan y quieran participar. “Aquí el único problema es que hubo otra asociación, UPA, que es afín al PSOE, que copió un proyecto parecido al mío y lo presentaron, pero no se lo dieron”, concluye García Navarrete. “Tanto UPA como AGAMA presentaron proyectos que no se consideraron ajustados al tratarse de actuaciones ya desarrolladas por ASAJA y no ser posible su ejecución en el ejercicio 2022 y 2023”, explicó entonces la Consejería.
Por alusiones, Jesús Anchuelo, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), explica que ellos también enviaron una propuesta para firmar un convenio con la Comunidad y formar a ganaderos y agricultores. “Al principio pedíamos una subvención de 150.000 euros y nos dijeron que era poco dinero. Presentamos un segundo con más propuestas y nos dicen que tiene los mismos objetivos que el de ASAJA y que no podía ser. Pero hicimos una consulta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que nos confirma que sí se pueden conceder dos subvenciones con los mismos objetivos. Al final, la Consejería de Economía nos dice verbalmente que era una decisión política que pudiéramos firmar el convenio. Nos lo desestimaron”.
UPA asegura que su propuesta de formación era de 285.000 euros y que les sorprende que se haya financiado una nueva aplicación informática para poder elaborar el cuaderno de campo y el libro de explotación cuando ya existe otra aplicación, llamada Agrolab, que hace lo mismo. “Yo la tengo en mi móvil y en mi ordenador. No entiendo por qué la Comunidad ha pagado por algo que ya existe. Todo lo que rodea a este convenio fue un proceso poco transparente. Nosotros desde UPA hemos hecho cursos de formación con mucho menos coste”, sentencia Anchuelo.
Alfredo Berrocal, presidente de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA), señala que efectivamente ellos pidieron la misma subvención, de menos importe, y nos la denegaron. La solicitamos y jamás nos llegaron a contestar. Se supone que era una subvención para que el sector mejore en medios digitales y al final fue una ayuda digital, a dedo”, ironiza Berrocal. “Lo que pasa es que había elecciones agrarias a los pocos meses y había que dar esa ayuda a ASAJA, que está entregada al PP, para que mejorara sus resultados electorales, que es lo que pasó”. UGAMA tiene el 30% de representatividad.
Un curso de drones
El diputado socialista José Luis García insiste en que esta subvención de 1,6 millones de euros fue “un regalo” para ASAJA. “La Consejería no ha analizado con rigor la justificación de los gastos del convenio. Se supone que se ha hecho un curso de drones de 59.000 euros, y luego se destinaron 605.000 euros para financiar al personal de ASAJA, que dudo que ese dinero haya ido a los formadores de los agricultores y ganaderos. Había una sesión de formación de 40 horas, una sesión de 40 horas es imposible. Creo que aquí la Comunidad ha hecho poco trabajo de control a la hora de justificar los gastos”, afirma García. Desde la Consejería de Medio Ambiente insisten en que la subvención sirvió para dar una formación teórica y asesoramiento individualizado no solo a 800 agricultores, como estaba previsto inicialmente, sino a 1.200. En la región hay 3.800 agricultores y ganaderos.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, que dio las explicaciones en la comisión de la Asamblea, aseguran que la subvención fue concedida por otra Consejería, la de Economía, cuyos interventores avalaron el convenio. Sin olvidar que, al tratarse de fondos europeos, también hay una doble comprobación de que todo se ha hecho correctamente. Ángel de Oteo Mancebo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, explicó que este convenio, por ejemplo, ha ayudado a centenares de agricultores y ganaderos para que pudiesen recibir los ‘ecorregímenes’ (que suponen el 23% de las ayudas de la PAC). Y que la APP desarrollada (por la empresa de Estonia) “ha ayudado a muchos en la gestión de sus explotaciones”.
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