El bombardeo a Teherán -a más de 5.900 kilómetros de Madrid- ha repercutido en los mercados internacionales, produciendo el alza de los precios del combustible, que afecta a empresas españolas y europeas y deja en evidencia la dependencia de Europa del accionar de terceros países. Para revertir esta situación, la Comisión Europea ha apostado por el impulso de la industria interna.
Bajo el lema “made in Europe”, la Comisión ha impulsado la Ley de Aceleración Industrial, con el objetivo de aumentar la demanda de tecnologías y productos europeos con bajas emisiones de carbono. Así, este proyecto legislativo introduce nuevos requisitos para que las empresas de sectores estratégicos como el acero, el cemento, el aluminio o la automoción accedan a programas de apoyo público.
La idea es que esta medida refuerce la capacidad de producción dentro de los Estados del bloque y, gracias a la creación de valor, impulse la demanda de tecnologías y productos limpios fabricados en Europa. Esto va de la mano con seguir siendo “uno de los mercados más abiertos del mundo”, un compromiso comunitario como fuente clave de fortaleza y resiliencia económicas.
Aprovechar los puntos fuertes del mercado comunitario
El proyecto “made in Europe” de aceleración industrial pretende también aprovechar los puntos fuertes del mercado único europeo. Por un lado, financiando programas que busquen impulsar la demanda de productos industriales europeos, desde el cemento y aluminio hasta otros sectores como los de baterías, energía solar o eólica.
Además, cambia la forma de actuar ante las inversiones extranjeras directas, donde la UE acumula casi una cuarta parte del stock mundial. Para garantizar que estas inversiones favorezcan a la industria europea, promuevan la transferencia de tecnología y apoyen la creación de empleo de calidad, el proyecto normativo introduce condiciones para las inversiones superiores a 100 millones de euros procedentes de países que posean más del 40% de las capacidades de producción mundial en sectores declarados emergentes, como baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica y materias primas críticas.
En concreto, entre las condiciones se incluye la mayoría accionarial europea, la transferencia de tecnología, la integración en las cadenas de valor de la UE y la creación de empleo, que complementan el Marco de Control de Inversión Extranjera Directa -centrado en los riesgos para la seguridad nacional- y abordan las consecuencias económicas de las grandes inversiones en el funcionamiento del mercado único.
La simplificación de los permisos es otro de los puntos clave del proyecto. Según la Comisión, es necesario agilizar y digitalizar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos industriales. Para ello, se creará una ventanilla única digital con plazos claros y se establecerá un principio de aprobación tácita en las etapas intermedias del proceso de concesión de permisos para proyectos de descarbonización de alto consumo energético. Con la digitalización de los procedimientos, la CE espera ahorrar hasta 240 millones de euros en todas las industrias manufactureras.
En cuanto a los beneficios de esta ley, la Comisión prevé que genere más de 600 millones de euros de valor adicional en las industrias del acero, aluminio y cemento de aquí a 2030 y hasta 10.500 millones en la cadena de valor del automóvil. Además, generará “decenas de miles de empleos”, como 85.000 puestos en proyectos de baterías o 58.000 en fabricación relacionada con la energía solar.
Menos dependientes de China y de las amenazas de Trump
“La única superpotencia manufacturera del mundo es China". Esto señalaba a principio de 2026 el informe de la Cámara de Comercio de la UE en China y alertaba de la influencia de Pekín sobre los circuitos industriales globales, así como su preocupación por la disposición de las autoridades chinas a utilizar su posición dominante para ejercer presión sobre sus socios comerciales.
El proyecto “made in Europe” buscaría revertir esta dependencia, sobre todo en sectores donde son indispensables las tierras raras, minerales utilizados para la producción de chips, la industria automotriz y el sector de la defensa, pasando así del mercado chino a más mercado europeo.
En esta misma línea, la ley pretende reforzar el mercado interno. El objetivo es que las amenazas externas, como las vividas en los últimos días tras el anuncio de Donald Trump de cortar todas las relaciones comerciales con España, que se suma a la presión arancelaria que marcó la relación UE-EEUU durante 2025. Aumentar el comercio interno, junto con acuerdos comerciales con nuevos socios, haría depender menos a Europa de las decisiones de las superpotencias.
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