La jueza vuelve a llamar la atención a Adif por intentar hacer obras sin permiso en una vía cercana a donde ocurrió el accidente de Adamuz

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), encargado de investigar el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, ha vuelto a dirigir un requerimiento al administrador de infraestructuras ferroviarias Adif por la realización o previsión de trabajos en la zona sin la debida autorización judicial. La magistrada instructora, Cristina Pastor Recover, ha emitido una providencia en la que exige a la empresa pública que se abstenga de ejecutar tareas de mantenimiento o cualquier intervención que afecte a la red ferroviaria en ese tramo sin comunicarlo con al menos quince días de antelación y sin contar con autorización previa del juzgado.

La resolución judicial, fechada el 4 de marzo, responde a una comunicación enviada por Adif dos días antes al órgano judicial. En ese correo electrónico, la entidad informaba de su intención de llevar a cabo labores de mantenimiento durante la noche del 3 al 4 de marzo en el entorno de Adamuz, dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Según la empresa, los trabajos consistirían en sustituir una sección de carril de 36 metros de longitud situada en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, en sentido Madrid.

El lugar de esa intervención se encuentra a más de un kilómetro del punto exacto en el que se produjo el siniestro ferroviario del 18 de enero, cuando colisionaron un tren de la compañía Iryo y otro de Renfe. El accidente dejó un balance de 46 víctimas mortales y abrió una investigación judicial para esclarecer las causas de la tragedia.

En la comunicación remitida al juzgado, Adif señalaba además que el carril retirado durante estas tareas quedaría “debidamente custodiado” en la base de mantenimiento que la empresa tiene en Hornachuelos (Córdoba), quedando a disposición de cualquier autoridad o investigación que pudiera requerirlo.

Sin embargo, la magistrada ha considerado insuficiente el aviso remitido por la empresa pública, dado que se produjo con un margen de apenas un día antes del inicio previsto de los trabajos. En su providencia, Pastor Recover ha requerido “inmediatamente” a Adif para que se abstenga de realizar cualquier tarea de mantenimiento u otra actuación que afecte a la red ferroviaria en el tramo de Adamuz sin comunicarlo previamente al juzgado con quince días de antelación y sin que exista una autorización judicial expresa.

El escrito añade que este requisito se establece “sin perjuicio de la autorización judicial recibida anteriormente”, en referencia a la resolución del pasado 27 de enero mediante la cual el juzgado permitió a Adif iniciar trabajos en la zona del accidente con el objetivo de restablecer el tráfico ferroviario. Aquella autorización fue concedida tras consultar con los equipos de Policía Judicial encargados de la investigación.

Antecedentes de tensión con la investigación

La providencia emitida ahora supone la segunda llamada de atención judicial dirigida a Adif en el marco de esta causa. Hace unas semanas, la instructora ya reprochó a la empresa pública la retirada de material ferroviario de la zona del accidente sin contar con autorización judicial.

Según informó entonces la Guardia Civil en un oficio remitido al juzgado, durante la noche del 22 al 23 de enero —cuatro días después del siniestro— personal de Adif recogió muestras de carril y soldaduras en el entorno de Adamuz. Esa actuación se produjo después de que los técnicos que participaban en la investigación hubieran dado por concluida la recogida de evidencias en el lugar del accidente.

De acuerdo con los datos incorporados al procedimiento, el material retirado procedía de una zona que no estaba acordonada ni custodiada en ese momento por la Guardia Civil. Posteriormente, las piezas fueron trasladadas a la base de mantenimiento de Hornachuelos, donde fueron analizadas por Redalsa, empresa participada por Adif especializada en soldaduras ferroviarias. Más tarde, el material fue precintado por la Policía Judicial.

A raíz de aquel episodio, la magistrada ordenó que las evidencias fueran repuestas y advirtió de que la retirada de elementos sin autorización judicial podría derivar en responsabilidades penales si se constataba que había afectado a la investigación.

En paralelo, el juzgado también ha intervenido en otras actuaciones relacionadas con el análisis técnico del accidente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) había suscrito un contrato con una empresa privada para realizar estudios metalúrgicos sobre determinadas soldaduras de la vía. No obstante, la instructora decidió paralizar temporalmente esos trabajos mediante otra providencia en la que resolvía que, por el momento, no procedía autorizar dichas pruebas.

El contexto de la investigación

El accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz constituye uno de los siniestros ferroviarios más graves registrados en España en los últimos años. La colisión implicó al tren Iryo 6189 y al Alvia 2384 de Renfe en un punto de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cercano al Puesto Banalizado de Adamuz.

Según las primeras referencias recogidas en la investigación, el descarrilamiento del tren de Iryo se habría iniciado en el punto kilométrico 318,681 de la vía. La sustitución del carril comunicada por Adif se situaba aproximadamente a más de un kilómetro de esa ubicación, aunque dentro del mismo entorno ferroviario.

El juzgado mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar si el accidente pudo deberse a un fallo técnico en la infraestructura, a un problema en el material rodante o a otros factores operativos. En ese contexto, la preservación de posibles evidencias en la vía y en los elementos asociados a la infraestructura se ha convertido en uno de los aspectos centrales de la instrucción judicial.

La magistrada ha reiterado en sus resoluciones la necesidad de que cualquier actuación que pueda alterar la escena o modificar componentes de la red ferroviaria en la zona investigada cuente con conocimiento y autorización del juzgado, con el objetivo de garantizar la integridad de las pruebas y evitar interferencias en el proceso de esclarecimiento de los hechos.