
La desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha situado de nuevo en el foco político la figura del rey emérito Juan Carlos I y, con ella, la posibilidad de que regrese a España tras casi seis años residiendo en Emiratos Árabes Unidos. Desde la Casa del Rey han querido fijar una posición clara ante las interpretaciones surgidas en las últimas horas: el eventual retorno del antiguo jefe del Estado constituye una “decisión personal” que corresponde exclusivamente a él.
Zarzuela recuerda que fue el propio Juan Carlos I quien decidió trasladarse a Abu Dabi en agosto de 2020 y subrayan que cualquier cambio en esa situación respondería al mismo criterio. La Casa del Rey ha evitado valorar la conveniencia o la oportunidad de un regreso, insistiendo en que se trata de un asunto que queda fuera del ámbito político e institucional. “Solo depende de él”, resumen a Europa Press fuentes conocedoras de la posición mantenida por la institución.
La aclaración de la Casa del Rey se produce después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendiera públicamente que el regreso del rey emérito sería conveniente tras conocerse el contenido de los documentos desclasificados. Según aseguran fuentes de la dirección popular a Europa Press, el jefe de la oposición trasladó personalmente esa opinión a Zarzuela antes de hacerla pública, un contacto cuya existencia ha sido confirmado también por la Casa del Rey.
Feijóo reivindica el papel del rey en el 23F
Feijóo considera que la publicación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado de 1981 refuerza la figura institucional de Juan Carlos I y debe contribuir a una reconsideración de su papel histórico. En un mensaje difundido en la red social X, sostuvo que la desclasificación “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado” y añadió que sería “deseable” que el rey emérito regresara a España.
El líder del Partido Popular ha vinculado su posición a la documentación oficial hecha pública, que recoge el compromiso de Juan Carlos I con el mantenimiento del orden constitucional durante la crisis de 1981. Entre esos documentos figura el juramento del monarca de no abdicar la Corona ni abandonar España, así como las comunicaciones mantenidas con responsables militares en las horas posteriores al asalto al Congreso encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.

Tras la emisión en Televisión Española de su mensaje institucional contra el golpe de Estado a la 1.12 de la madrugada del 24 de febrero de 1981, el entonces jefe del Estado trasladó al general Jaime Milans del Bosch su “rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”. “Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”, afirmó entonces el monarca, según consta en la documentación ahora desclasificada.
Feijóo ha recordado que el propio Juan Carlos I “ha reconocido errores innegables en su trayectoria”, pero considera que quien contribuyó a sostener la democracia y las libertades en un momento decisivo debería poder pasar la última etapa de su vida en España “con dignidad y en su país”. El dirigente popular ha insistido en que la decisión corresponde exclusivamente al propio emérito, igual que fue él quien optó por trasladarse a Abu Dabi en 2020.
Horas después, en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Feijóo sostuvo que la posición del Partido Popular es “clara” y responde a lo que considera un sentir ampliamente compartido. El jefe de la oposición puso en valor la actuación del monarca durante el golpe de Estado y afirmó que “gracias al rey Juan Carlos I hace 45 años que no entra nadie en el Congreso de los Diputados con una pistola”. A su juicio, la figura política del antiguo jefe del Estado ha quedado “una vez más ratificada y acreditada” con la documentación conocida.
Posiciones enfrentadas
Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insistió en que el eventual regreso a España depende exclusivamente del propio Juan Carlos I y, en su caso, de la Casa Real. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, Bolaños subrayó que se trata de una decisión de carácter personal y afirmó que “no le compete ni al Gobierno ni mucho menos al líder de la oposición”.
Frente a la posición del Partido Popular, distintas formaciones de izquierda han expresado su rechazo a la posibilidad de que el rey emérito regrese a España. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, se mostró contrario a esa opción y aseguró que “los delincuentes, mejor fuera que dentro”, al tiempo que restó relevancia a la documentación desclasificada, que a su juicio apenas ha aportado novedades sustanciales.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostuvo que Juan Carlos I debería regresar a España para ser juzgado por presuntas irregularidades fiscales y le calificó de “delincuente fiscal”. Belarra aseguró además que los documentos desclasificados sobre el 23F no aclaran el papel desempeñado por el monarca y consideró que dejan “muchas más sombras” sobre su actuación.
En términos similares se expresó la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, quien recordó que la salida de Juan Carlos I de España en 2020 estuvo relacionada con las informaciones sobre posibles irregularidades fiscales y no con su actuación durante el intento de golpe de Estado. El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, denunció asimismo lo que considera una “clarísima operación de blanqueo” de la figura del rey emérito vinculada a la desclasificación de los documentos históricos.
El propio Juan Carlos I se refirió recientemente a la posibilidad de regresar a España. El pasado 14 de febrero aseguró en Abu Dabi que se encuentra “excelentemente bien” de salud y que su intención es volver en un futuro cercano. Según explicó entonces, su estado físico corresponde a los “achaques normales” de la edad, en unas declaraciones en las que bromeó con la imposibilidad de volver a tener veinte años.
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